Desde CCOO Cantabria denuncian que «en un contexto económico de alza de precios, resulta imprescindible garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, en especial de aquellas con retribuciones más bajas. La negativa de las patronales a cumplir con la cláusula de revisión salarial pactada en el convenio colectivo de centros y servicios de Atención a las Personas con Discapacidad, y su pretensión de rebajar el alcance de las mejoras sociales ya comprometidas en la negociación, lleva a CCOO, con más del 50% de representatividad en la Mesa Negociadora, a convocar en solitario movilizaciones para el próximo 14 de septiembre en todo el territorio nacional, que se enmarcan dentro de la campaña confederal de Salario o Conflicto» .

En Cantabria, la concentración se celebrará a las 12.00 horas en la plaza de Alfonso XIII, frente al edificio de Correos y desde el sindicato se anima a participar a todas las personas que trabajan en los centros asistenciales, especiales de empleo y educativos, pero también a la ciudadanía en general, porque lo que está en juego también es la calidad asistencial de las personas usuarias de estos espacios.

Este convenio afecta en la región a unas 1.500 personas de 25 centros especiales de empleo que se dedican a tareas como lavandería industrial y confección textil, limpieza de edificios y locales, jardinería, catering, telemarketing, fabricación de consumibles informáticos o tratamiento y eliminación de residuos, entre otras.

Desde CCOO aclaran que el convenio de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad está dividido en 3 tipologías de centro y afecta a un 50% de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en Centros Especiales de Empleo (en los que al menos el 70% deben tener discapacidad), como es el caso en Cantabria de Serca, Amica, Soemca, Saema, Ampros o De Personas, entre otros; a un 40% de personal de Centros de Atención Especializada (residencias, viviendas tuteladas, centros de día, centros ocupacionales, atención temprana…) y a un 10% de personal que trabajan en Centros de Educación Especial, como es el caso en la región del Fernando Arce o de la Obra San Martín.

La actitud inmovilista de la representación patronal del sector y su apuesta por pasar por los tribunales, mantenida en el acto de mediación celebrado del pasado 8 de julio, en el que CCOO llegó a plantear hasta tres propuestas retributivas diferentes para desencallar la negociación, nos lleva a un escenario de incertidumbre que, a medio plazo, puede suponer para aquellas entidades que dejen de abonar lo regulado en el actual convenio colectivo la puesta en riesgo de su viabilidad económica.

A pesar de que las administraciones públicas ya están recogiendo en los pliegos de licitación los incrementos salariales que se habían pactado en el XV Convenio Colectivo para 2022, las patronales se siguen negando a aplicar esas subidas. Asimismo, desde CCOO no entendemos cómo AEDIS, patronal mayoritaria del sector e integrante de Plena Inclusión, entidad que dice apostar por que las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de calidad de vida, se muestra intransigente a cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo para quienes trabajan en sus entidades, tengan o no discapacidad. .

En un sector de marcado carácter social, en el que las personas trabajadoras representan el mayor valor que tienen las entidades, las que permiten visibilizar al sector de la discapacidad en la sociedad y sobre las que pivota el principal apoyo con el que cuentan los usuarios y las usuarias, profesionales cualificados y formados que pretenden vivir dignamente de su trabajo, obliga al sindicato a la judicialización y la movilización ante los incumplimientos patronales y en defensa del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.

CCOO va a ser muy beligerante si el modelo de empleo que proponen está marcado por la precariedad laboral, y avisa de que, si la situación actual se estanca, el conflicto se trasladará a los centros de trabajo. No podemos permitir que las personas trabajadoras sean, una vez más, las afectadas por una situación económica que no han generado. El efecto de los beneficios empresariales sobre la inflación es cinco veces superior al de los salarios, por lo que no vamos a tolerar actuaciones partidistas sobre los recursos económicos que las administraciones están destinando a las entidades. Urge una redistribución de rentas que permita el incremento de los salarios, acorde a la evolución del IPC, y la contención de los márgenes empresariales.