Los sindicatos UGT, CCOO y USO han iniciado hoy movilizaciones en todo el país «para sacar de la precariedad» el nuevo convenio colectivo estatal de Seguridad Privada, que en la actualidad se está negociando con las patronales APROSER y ASECOPS «aunque las posturas están muy alejadas».

Así lo han manifestado portavoces de los tres sindicatos en la concentración convocada frente al Parlamento de Cantabria, lugar elegido para la movilización porque la empresa encargada de su seguridad «no paga las nóminas o las paga con mucho retraso». En Cantabria, se estima que hay más de mil personas afectadas.

El responsable regional de Seguridad Privada de UGT, Alberto González, aclaró que las movilizaciones son por un nuevo convenio colectivo de Seguridad Privada, que emplea en Cantabria a algo más de un millar de profesionales (100.000 en España), «que se sigue negociando aunque la negociación está más bien bloqueada».

González precisó que «la patronal plantea incrementos salariales muy precarios (10,5% en cuatro años) y a cambio de tocar algunos derechos, por lo que seguiremos con las movilizaciones hasta alcanzar un acuerdo y con cláusulas de revisión de los salarios y las condiciones laborales pactadas».

Antonio Helguera, secretario de Seguridad Privada de CCOO en Cantabria, recordó que «en lo único en lo que parece haber un acuerdo con los empresarios es en firmar un convenio colectivo plurianual de cuatro años y no año a año como hasta ahora».

De todos modos, Helguera rechazó en nombre de los sindicatos que la patronal del sector «ofrezca pequeñas subidas salariales a cambio de retrocesos en derechos laborales cuando el convenio colectivo es muy precario y con unas condiciones que han ido retrocediendo de por sí».

En el mismo sentido se expresó Gerardo Prieto, responsable regional del sector del sindicato USO, que reafirmó la necesidad de las movilizaciones convocadas hoy en toda España «para visibilizar el problema y que se siga negociando, aunque por ahora las posturas están muy alejadas».

Prieto recalcó que «los salarios en este sector son próximos a la pobreza» y criticó que «en Cantabria hay dos o tres empresas que controlan la mayor parte del mercado, aunque el problema es cuando la propia Administración pública recurre a empresas piratas que tiran los precios y acaban no pagando a los vigilantes».

Es un sector en el que parte de los servicios son de adjudicación desde administraciones públicas en las que las empresas pueden bajar a la gente con los márgenes de la licitación, un modelo basado en los bajos precios de adjudicación del que responsabilizan APROSER y ASECOPS, asociaciones empresariales participantes en la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, por su “bloqueo” a cualquier tipo de incremento salarial razonable, así como su posición no solo de no avanzar en condiciones laborales para el colectivo, sino de retrocesos en temas tales como el cobro del plus de antigüedad.

Denuncian que este modelo y la imposibilidad de trasladar incrementos de costes a los clientes son las excusas fundamentales esgrimidas por parte de las patronales del sector para intentar no acometer las necesarias mejoras de condiciones económicas y laborales que merece el colectivo, que incluye a más de cien mil profesionales en el territorio nacional.