Jennifer y sus hijos han sido ya desahuciados, después de que el despliegue de un cordón policial impidiera el acceso de los activistas convocados para frenar su desalojo.

La propia PAH había convocado este miércoles a las 8.30 horas una acción para tratar de frenar el desahucio de Jennifer, en la calle Isla de Cuba (cerca de la Plaza de Toros).

Sin embargo, las personas que se han movilizado se han encontrado con un cordón policial por los dos lados de la calle, que es corta y va desde enfrente de la Plaza de Toros de Santander hasta casi la entrada a las urgencias de Valdecilla.

Ante este despliegue de las fuerzas de seguridad, la comitiva judicial tuvo mucho más fácil acceso a la vivienda y pudo ejecutar la orden para desahuciar esta familia.

Jennifer, que a su precaria situación económica suma está ya en la calle con sus hijos. Tras el desahucio, miembros de la PAH le han acompañado a asesorarse, pendientes de si existe algún recurso habitacional, o la posibilidad de estar en una vivienda de acogida para mujeres maltratadas.

Jennifer, que con la movilización social ya logró parar la primera convocatoria del lanzamiento hace semanas, tiene dos menores de 3 y 7 años a su cargo.

La mujer, víctima reciente de violencia de género, se enfrentaba a su segundo lanzamiento de desahucio por el fondo de capital riesgo TISAD-VID,S.L., una entidad relacionada con el Grupo SADISA y su empresa ASCAN. La PAH denuncia la existencia de redes de alquileres falsos en la que ha caído Jennifer.

SUSPENDIDO TEMPORALMENTE EL DESAHUCIO DE ROBERTO MAZORRA

La otra cita de la semana para los movimientos antidesahucios era este jueves, cuando se había fijado la fecha del lanzamiento de Roberto Mazorra, conocido activista, muy activo en movimientos como STOP DESAHUCIOS.

Se trataba de una vivienda en la calle León Felipe, cerca de Canalejas, que ha ido cambiando de manos, (de sucesivas sociedades vinculadas a Liberbank, como Beyos y Ponga, Mosacata, Las Peñicas…) hasta llegar a este desahucio que ejecuta un empresario vallisoletano tras adquirirla por 50.000 euros y una empresa de desocupaciones. En el proceso se han producido episodios como amenazas, intentos de asalto a la vivienda y falsedad en los datos de la escritura de venta, denuncia STOP DESAHUCIOS.

En este caso, la paralización, temporal, mediante la acción judicial, al presentar un incidente extraordinario de suspensión del lanzamiento. Es una suspensión por un plazo reducido, pendiente también de los trámites en servicios sociales.

Se trataría de un procedimiento civil (desahucio en precario) que ha derivado en otro penal, y que afecta a residentes que contaban con el permiso del propietario inicial, pero que fueron denunciados por usurpación.

18 VECES DESAHUCIOS MÁS DESAHUCIOS QUE OCUPACIÓN

Los juzgados de primera instancia de Cantabria tramitaron durante el segundo trimestre de este año 2022 un total de 144 desahucios y 8 procedimientos judiciales por ocupación. Es decir, los desahucios multiplican por 18 las ocupaciones, según los últimos datos del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.