La gestión directa desde los servicios públicos del transporte sanitario está más cerca, tras años de problemas e incumplimientos por parte de la empresa privada que gestiona las ambulancias en Cantabria, Ambuibérica.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, portavoz del Ejecutivo cántabro, ha informado de los trámites en la rueda de prensa semanal en la que se da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

En ella, ha trasladado los pasos que la Consejería de Sanidad está dando para licitar a final de año el servicio de ambulancias: esto en principio no significaba que la gestión sea pública, sino que es un paso necesario para adjudicar el servicio.

En la licitación es cuando se fija el precio del servicio para que los interesados presenten ofertas: lo que ha sucedido en anteriores procesos es que se adjudicaron con rebajas respecto a ese precio, dando por hecho que se podía hacer lo mismo con menos dinero (3 millones menos en la última adjudicación). Entre las consecuencias de la rebaja, la reducción de trabajadores: de 512 a 430.

Hasta la fecha lo que había trascendido eran una serie de estudios en los que se determinaba que la gestión directa del servicio sería más barata que las condiciones fijadas en la licitación prevista si se hiciera desde lo privado: el coste anual sería de 18,8 millones, unos 3,2 menos si la gestión se mantiene en manos externas.

Pero el otro de los aspectos en que se está avanzando es, según ha trasladado el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, es la creación del ente que en un futuro gestionará de manera pública este servicio.

Una sociedad o empresa pública, en línea con el proceso que se siguió en La Rioja, donde se logró la denominada internalización del servicio, a instancias de la parlamentaria de Izquierda Unida Henar Moreno, dentro del pacto de apoyo externo al Gobierno PSOE-Podemos en la comunidad, y que recientemente expuso en Cantabria en unas jornadas de su formación y con la presencia de los sindicatos.

Según ha explicado el vicepresidente, esos trámites se irán viendo en los próximos meses en el Boletín Oficial de Cantabria, y servirán “para que el Gobierno se dote de la estructura administrativa necesaria para garantizar la prestación pública”.

El vicepresidente Pablo Zuloaga ha explicado el proceso se hará “garantizando la estabilidad y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores”: en los últimos años han sido constantes los incumplimientos de la normativa, reflejados en sentencias judiciales, por cuestiones como la clasificación de las horas laborales, o sanciones de Inspección de Trabajo, incluyendo incumplimientos en los momentos de la pandemia.

Ahora quedaría también el reflejo presupuestario (acaban de presentarse los presupuestos autonómicos para el año que viene) tanto de la licitación como de las derivadas laborales para la plantilla.