El argumento que ha dado esta legislatura el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla para volver a encabezar la lista del PRC tras intentar sembrar previamente dudas sobre su estado de salud es que quiere frenar la posibilidad de un pacto entre PP y Vox.

En la PAH, que esta semana viene de ver como se consumaba el desahucio de Jennifer, una mujer con dos hijos y víctima de violencia de género, de una vivienda en la calle Isla de Cuba de un fondo ligado al grupo constructor SADISA, enumeran lo visto estos días para concluir que “Vox ya gobierna en Cantabria”.

Así, recuerdan desde la represión policial que se produjo el miércoles –se acordonó la calle a ambos lados de forma que los activistas antidesahucios convocados no pudieron acceder- hasta el que el beneficiario de la acción fuera el fondo ligado a la constructora SADISA y sus propietarios, así como lo relacionado con las alternativas habitacionales.

“No hace falta que venga la ultraderecha. Sus políticas ya están aquí”, remachan desde la PAH.

Mientras, Jennifer se aloja estos días en casa de unos amigos.

La otra convocatoria de la semana en materia de desahucios la iba a protagonizar Roberto Mazorra, conocido activista, en esta ocasión protagonista de su propio desalojo de un piso que ha ido cambiando de manos a través de los distintos fondos de los que Liberbank, ahora Unicaja, antes Caja Cantabria, dispone para su cartera de viviendas.

Finalmente, el suyo, previsto para el jueves, no llegó a producirse, suspendido de forma temporal dentro del proceso judicial.

Mazorra, ligado al colectivo STOP DESAHUCIOS, considera “gravísimo” el desahucio de Jennifer, como la “desproporcionada” actuación policial (“como si esta familia fueran narcotraficantes o terroristas”) y critica la “inacción” institucional, citando cuestiones como el ofrecimiento del albergue de Candina como alternativa para Jennifer, una mujer con dos niños, cuando es un recurso que debería ser una medida provisional para personas de determinadas características o en situaciones de catástrofe o similar.

Asimismo, incide, como forma de paliar la falta de pisos que sirvan de alternativa a víctimas de desahucios, en la existencia de pisos vacíos de entidades bancarias, “salvadas con nuestro dinero” —en alusión al rescate-, así como la propia SAREB, el banco malo, en manos estatales.

LAS ASAMBLEAS FEMINISTAS MUESTRAN SU RESPALDO A JENNIFER

Las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria han mostrado su apoyo a Jennifer y denunciado lo que califican de “inacción” institucional, así como que en este caso se “protejan los intereses de fondos buitres y grandes tenedores de pisos que utilizan la vivienda, como objeto de especulación y ganancia privada, cuando la vivienda debe ser un derecho básico a garantizar no un bien para especular, así como la actuación de la delegada del Gobierno en Cantabria”.

“La crisis está golpeando con dureza a las personas más vulnerables y en especial a las mujeres, como es el caso y cómo las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria venimos denunciando, advierten.