La semana pasada a Jennifer no la despertó ni el despertador ni la luz del día. Fueron las luces de la policía llegando a la calle Isla de Cuba, en Santander, cerca de Valdecilla.

Fue en ese momento cuando fue consciente de que no se iba a poder parar su desahucio, que sí había logrado detener en el primer asalto, semanas antes.

“Me asomé por la ventana, vi dos furgones, cada uno por un lado, cerrando la calle, y avisé a mis padres de que no iba a haber solución. Me puse a llorar como una desconsolada porque me veía ya en la calle, sin mis hijas, sin nada”, cuenta en conversación con EL FARADIO días después de que la echaran del piso, propiedad de un fondo ligado al grupo constructor SADISA.

Y eso pese a que “no he dejado de pagar ningún mes” el alquiler. “Me han estafado”, enfatiza, aludiendo a la red de alquileres falsos denunciada por la PAH al hilo de este desalojo.

Esa es una de las cosas que le ha “molestado” de lo leído estos días, que le trataran “como si fuera una delincuente” o incluso voces que han dicho que se “merecía eso” o que ha usado la denuncia de violencia de género, además de aludir a su historia familiar.

Y una vida “siempre custodiada por el Gobierno”. Un destino, el de crecer en redes institucionales y sin figuras familiares, que teme que corran ahora sus dos hijas al aludirse a su falta de estabilidad. Ella recalca que sí que puede pagar un alquiler, como remarca que estaba haciendo, ya que cuenta con una ayuda mientras va a rehabilitación tras un accidente, relata.

De momento han estado en casa de la familia paterna, pendientes de una amiga que tiene más espacio y les ha ofrecido alojamiento para madre e hijas, a las que, al preguntar por qué no están en la casa, les ha contado que “está rota y la están arreglando”.

Jennifer tiene palabras de agradecimiento para la PAH y el acompañamiento y ayuda que le han prestado todo este tiempo (un desahucio se materializa un día, pero detrás hay meses de aguantar), y también críticas para el trabajo de las instituciones.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES

Críticas en las que insiste la PAH de Santander (la entrevista se celebra precisamente en el Centro Cívico Callealtero, donde se reúne la plataforma), que insiste en que las administraciones (de Gobierno de Cantabria a Ayuntamiento de Santander) podían haber realizado la función de intermediación con el propietario, ligado a la constructora ASCAN, para que el alquiler se les pagara a ellos.

Iñaki Vía, portavoz de la PAH de Santander, se queja de las alusiones generales a que no hay viviendas para ofrecer en estos casos, recordando los pisos de la SAREB, el banco malo, ahora en manos públicas.

También lamenta los plenos casi monográficos y las sucesivas mociones, preguntas e interpelaciones sobre las ocupaciones, un fenómeno estadísticamente inferior a los desahucios pese a la desproporción en la atención política a un problema frente al otro, y advirtiendo sobre cómo se intenta derivar el problema de la ocupación del relato inicial sobre la primera vivienda al de los inquilinos cuando no pagan: “el que no paga un alquiler no es un ocupa, es alguien que no cumple un contrato”, algo que también sucede en los pagos entre empresas, por ejemplo.

Desde la PAH critican tanto la actitud del PRC, con los mensajes de Revilla antiVox sin desmarcarse de sus políticas o cuando ya hay esos despliegues policiales contra vulnerables, como del PSOE por “ponerse de perfil” y abstenerse en los debates o promover, a nivel estatal, los desalojos desde comunidades de vecinos ya, como contra el Ayuntamiento de Santander.

En este punto, recuerdan el plantón que les hicieron dos responsables de Servicios Sociales municipales, que les convocaron a una reunión a la que no acudieron porque se les olvidó, y que no plantearon retomar hasta que salieron las noticias sobre el desahucio de Jennifer.

Asimismo, recriminan a la alcaldesa, Gema Igual, que se ponga “de perfil” en lugar de al frente de la atención a los más vulnerables, santanderinos que no reciben el mismo trato que otros.

La PAH se reúne todos los martes a las 18.30 horas en el Centro Cívico Callealtero, donde reciben nuevos casos a los que acompañan y asesoran. También atienden en el teléfono 644 26 85 22 o en el mail info@pahsantander.com