||por Jesús Aguayo Díaz, miembro del Secretariado del STEC||

El 1 de diciembre el profesorado de la enseñanza pública de Cantabria celebrará sus elecciones sindicales. La nueva Junta de Personal Docente que surja de estos comicios va a tener mucho trabajo por delante, y lo hará en un contexto complicado. Tres son las cuestiones que determinarán dicho contexto: la reducción del alumnado como consecuencia del descenso demográfico, la implantación de la LOMLOE y los procesos de estabilización del personal interino.

Desde el curso 2013/14 el número de alumnos y alumnas que entran en el sistema disminuye progresivamente. Ahora, en Educación Infantil, hay un 25% menos de alumnado que hace nueve años; y los datos demográficos no indican que a corto y medio plazo vaya a haber un cambio de tendencia. La oferta de puestos escolares está cada vez más desajustada en relación a la demanda; y, por tanto, es el momento de analizar la situación, bien como una oportunidad para ahorrar, o bien como lo contrario: una oportunidad para mejorar la calidad del sistema educativo.

El acuerdo que suscribimos el pasado mes de abril, por el que se redujo la ratio máxima en esta etapa, supuso una apuesta por lo segundo. El reto de extender esta reducción al resto de etapas del sistema será, sin duda, uno de los caballos de batalla de la nueva legislatura sindical.

La implantación de la LOMLOE está originando irritación, e incluso ansiedad, entre muchos docentes a los que se les exige, en un corto espacio de tiempo, doblar su trabajo: dar sus clases y a la vez modificar por completo sus programaciones didácticas. El asesoramiento por parte de la Administración es insuficiente, en el mejor de los casos muy poco práctico; y en el peor, invasivo y poco respetuoso con los estilos pedagógicos de cada docente. La implantación durará dos años y está siendo, y será, fuente de malestar y tensiones, salvo un cambio de actitud de la Consejería. Desde diversos ámbitos ya se le está exigiendo.

La estabilización del personal interino es la tercera de las preocupaciones que deberían gravitar sobre el conjunto de la Junta de Personal. Al menos para la organización de quién suscribe este artículo, y hasta que estos procesos no terminen en diciembre de 2024, una de sus prioridades será buscar alternativas para que las plazas que ahora se ofertan no sirvan para arreglar el problema de la interinidad de otras Comunidades Autónomas, sino para estabilizar en Cantabria a las personas interinas que trabajan aquí. Nuestro sistema educativo no puede permitirse, bajo ninguna circunstancia, prescindir de unos enseñantes que han acumulado su experiencia docente en esta Comunidad, que dominan su currículo, y que conocen la especificidad de este territorio.

Y para terminar de dibujar el marco dentro del cual se desenvolverá la futura acción sindical en el sector educativo, habrá que ver los resultados de las próximas elecciones autonómicas y generales. La posibilidad de unos gobiernos que opten por iniciar un ciclo reaccionario de recortes y privatizaciones desencadenaría, sin duda, movilizaciones en las que como ya ocurrió en anteriores momentos, el protagonismo le tendremos las organizaciones más combativas, no subvencionadas, autónomas para tomar decisiones y con capacidad para tejer alianzas con otros sectores sociales. Por el contrario, una Administración que apueste decididamente por la enseñanza pública podría reactivar un nuevo y necesario ciclo de ilusión entre el profesorado de Cantabria.

En efecto, la revalorización social del profesorado es condición para una educación de calidad. Son las dos caras inseparables de una misma moneda.

La nueva Junta de Personal y un Gobierno defensor del sistema educativo público, deberán negociar e intentar llegar a acuerdos para mejorar el salario del profesorado, reducir sus horas lectivas empezando por las de los mayores de 55 años, eliminar la burocracia que invade colegios e institutos, devolver la democracia a la gestión y organización de los centros, cuidar de unos docentes cada vez más diversos, y así un largo etcétera de necesidades, preocupaciones y anhelos de miles de enseñantes, que no han encontrado por parte de la actual Administración (autonómica y central) ningún tipo de reconocimiento.

Con carácter general, si las condiciones laborales de los empleados públicos empeoran, el servicio que se presta se empobrece, y un pobre servicio termina siendo un servicio solo para pobres. Y lo que toca es defender lo contrario, es decir, avanzar en derechos laborales para mejorar los servicios públicos en general y el educativo en particular. Solamente con un profesorado bien tratado se podrá hacer progresar ese modelo de escuela pública de calidad, inclusiva, feminista, laica, compensadora de desigualdades y comprometida con su entorno que tanto deseamos.

Quienes al final de nuestra vida profesional echamos la vista atrás pensamos que ha merecido la pena luchar por estos ideales; pero, sobre todo, concluimos que ahora, y sobre todo ahora, es más necesario que nunca seguir apostando por la fuerza de la enseñanza pública como herramienta capaz de transformar el mundo.