La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya ha emitido el auto para que se puedan presentar ante el Tribunal Supremo los recursos frente a la sentencia que condenó al magistrado Luis Acayro Sánchez, quien se postuló a la presidencia del TSJC precisamente frente al presidente de esta sala y del TSJC, López del Moral, ponente del fallo en su contra.

Tras conocerse la sentencia que le inhabilitaba para la carrera judicial por pedir documentación sobre la contratación del abogado experto en urbanismo José María del Real, contratado de forma externa por el Ayuntamiento de Castañeda (entre otros municipios a los que presta asesoramiento), todas las partes anunciaron que presentarían un recurso ante el Tribunal Supremo: tanto el propio Acayro Sánchez como las acusaciones, al considerar la pena insuficiente.

Las acusaciones las ejercen el propio abogado y el Colegio de Abogados, que le ampara y que ha contratado para su defensa a la conocida penalista Carmen Sánchez Morán, como la Fiscalía, representada en el juicio por la propia Fiscal Superior, Pilar Jiménez, y que en el transcurso del juicio anunció que se reservaba la posibilidad de pedir que se sancionara a una funcionaria de Hacienda autora de un informe que respaldaba las tesis del magistrado –y que se intentó incluso excluir del proceso-.

El anuncio de los recursos se hace días escasos después de conocerse el fallo, pero le debe seguir para que se presenten en su concreción un auto del TSJC que se venía retrasando, como avanzó ayer EL FARADIO y que no se ha conocido y notificado formalmente hasta hoy, con firma registrada de ayer.

El retraso en emitir en el auto y en activar todo el proceso redundaba en la indefensión de Acayro Sánchez, toda vez que ahora mismo cumple ya la condena de inhabilitación de forma cautelar y podría darse el caso de que luego el Supremo anulara la condena, generando la paradoja de que ya había cumplido parte de una condena revocada. Indefensión que se suma a que la prueba principal en su contra, en la que se sustentaba todo el proceso  —una petición de documentación de un contrato público, presentada como una investigación prospectiva– no se incorporó a la causa hasta el mismo día de la vista judicial, impidiéndole por tanto estudiarla con anterioridad para poder preparar su defensa, como es habitual en los procesos judiciales.

No sería, además,  la primera vez que el Supremo acaba desmontando las acciones de la judicatura cántabra contra Acayro Sánchez: ya en su día el alto tribunal anuló una condena del TSJC tras ser denunciando por un constructor, en el curso de una investigación que supuso la condena de 28 políticos castreños. El Supremo también dictaminó en su momento que el TSJC vulneró los derechos fundamentales de Acayro Sánchez al difundir en una sentencia sus datos personales (su domicilio y DNI, que quedaron expuestos toda vez que las sentencias son públicas y consultables, y la difusión es una práctica prohibida expresamente).

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