Las Mesas de Movilidad de Cantabria del Besaya y de la Bahía de Santander han emitido un comunicado en el que exigen a los Ayuntamientos de Torrelavega y Santander la inmediata reactivación de los trabajos para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Los colectivos, que llevan más de un año trabajando propuestas en relación a las ZBE de ambas ciudades, consideran que no se puede dilatar más la adopción de medidas, «habida cuenta de la enorme intensidad media de vehículos que soportan diariamente los vecinos de estas ciudades y la presión sobre la salud pública y el medio ambiente que esto supone».

Desde las Mesas opinan que los principales ayuntamientos de la región se han movido en esta cuestión con lentitud y bajo criterios abiertamente tendenciosos, alejados de un enfoque práctico y científico de lo que deben ser las Zonas de Bajas Emisiones y por supuesto, del espíritu de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que deben cumplir.

En este sentido, consideran que Torrelavega y Santander han cedido ante la oposición poco razonada de sectores hostiles a mejorar la calidad del aire y de vida, y han ignorado en este proceso las voces autorizadas de la comunidad científica y las autoridades sanitarias en un caso claro de irresponsabilidad y cobardía política. Baste recordar que la polución atmosférica está detrás de un 10% de las muertes provocadas por cáncer de pulmón1.

La finalidad de las Zonas de Bajas Emisiones es simple y fácil de entender: se trata de reducir el número de vehículos -en especial, de aquellos más contaminantes- en las zonas con mayor densidad de población -y además, población más vulnerable y envejecida – y en lugares frecuentados por población sensible, como centros sanitarios, colegios, centros de mayores o centros de atención a personas con discapacidad.

Por tanto, con el aplazamiento de la toma de medidas se renuncia a alcanzar los objetivos recogidos en la legislación en vigor: buscar la mejora de la calidad del aire y de la salud de la ciudadanía, contribuir a mitigar el cambio climático, el cambio hacia modos de desplazamiento más sostenibles y el impulso a la eficiencia energética.

Por todo ello, las Mesas de Movilidad exigen a los Ayuntamientos que enfoquen esta cuestión con el rigor y la seriedad que requiere y se sienten a la mesa para negociar la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones a más tardar el 1 de marzo de 2023, «pues cada día que pasa estamos condenando a la población a sufrir ruido y una mala calidad del aire y con ello ver degradar y arriesgar su salud física y psicológica a niveles intolerables».