El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha anunciado la propuesta de adjudicación de las obras de construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) a la empresa Dragados, que ha presentado la oferta técnicamente más solvente y económicamente más ventajosa por importe de 45,4 millones de euros (IVA incluido).

Con este anuncio, “un hito más que cumplimos hoy”, el vicepresidente ha destacado que se va cumpliendo el compromiso y el calendario fijado para hacer realidad el proyecto de legislatura que representa el nuevo MUPAC.

A partir de este momento, el vicepresidente ha explicado que la empresa Dragados tiene un plazo de siete días para completar la tramitación administrativa para la conformación del contrato, avanzando que la firma del mismo podría tener lugar a mediados de enero.

Tras la firma, ha indicado, se contabilizaría un plazo de un mes para el inicio de las obras, lo que permitiría iniciar los trabajos en el mes de febrero si no existe ningún recurso técnico/jurídico y cumplir con los objetivos del Gobierno de Cantabria. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 30 meses.

Zuloaga ha recordado que a la mesa de contratación para la construcción del MUPAC, que partía con un precio de licitación cercano a los 52 millones, se han presentado seis empresas a las que ha agradecido su esfuerzo para la elaboración de la memoria técnica y económica.

Acompañado por la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, el vicepresidente ha señalado que a comienzos de 2023 se va a conseguir pasar de las palabras a los hechos para dotar de una sede digna a la mejor colección mueble de arte rupestre del mundo que atesora Cantabria.

Una cuestión relevante tanto a nivel cultural e investigador que ha hecho extensible al ámbito económico, ya que el nuevo MUPAC va a incluir un edificio administrativo para acoger a cerca de 300 trabajadores y trabajadoras públicos del Gobierno de Cantabria, lo que va a permitir un ahorro de 3 millones al año que el Ejecutivo destina al alquiler de sedes administrativas en inmuebles privados.