La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado un escrito ante la concejalía de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander. El texto exige la resolución del contrato de las emisoras de la Policía Local, Agentes de Movilidad, Protección Civil y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios tras innumerables fallos que suponen un “constante riesgo” para la seguridad de las personas, empleados municipales y ciudadanía en general, desde su implantación en 2016.

Así lo ha concretado Manuel Garzón, delegado de CSIF en el Consistorio : “se dan situaciones tan absurdas como que en el mismo coche patrulla funcione la emisora de un agente, pero no la de su compañero”.

A este respecto, el profesional subraya el “deplorable funcionamiento” de las comunicaciones que ha sido denunciado “ya en reiteradas ocasiones” desde que, a raíz de una “decisión política”, se instalase la criticada Red DMR que sustituyó al anterior sistema, gratuito para la corporación municipal y que además “funcionaba perfectamente”, coinciden múltiples afectados.

En este contexto, tras seis años de quejas continuadas de los servidores de la Administración, que se juegan el tipo a diario, a menudo, sin poder pedir ayuda como consecuencia de los problemas técnicos que sufren, CSIF requiere la instalación de un medio de comunicación “realmente eficaz y acorde a lo que necesita un municipio de Gran Población” como es el caso de la capital cántabra. Por ello, Garzón defiende que “todo contrato administrativo ha de contemplar su resolución en caso de incumplimiento” por parte de la firma adjudicataria que no ha aportado soluciones solventes hasta la fecha, a pesar de que se aprobase un infructuoso Pliego de Prescripciones Técnicas para la mejora y mantenimiento de la Red DMR usada por los servicios municipales de seguridad en mayo de 2019.

Incumplimiento

Esta licitación contaba con un presupuesto base de 445.426,41 euros destinado sin éxito a “paliar las deficiencias” detectadas hasta entonces. En este sentido, el sindicato recuerda que la cláusula octava de dicho documento regula las penalizaciones a imponer en caso de no haber prestado la debida asistencia, algo que según declaran los perjudicados ocurre desde la puesta en marcha de la actual red.