Según datos oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 2022 han desaparecido un total de 59 taxis en Cantabria, tal y como denuncia la Federación Cántabra de Taxi.

La organización ponía un ejemplo reciente, denunciando que la Dirección General de Transportes paraliza la concesión de tarjeta de transporte a una licencia de taxi de Cabezón de la Sal (la única existente en el municipio adaptada para el transporte de personas con movilidad reducida) porque, según su criterio, no cumple los requisitos recogidos en el Reglamento Nacional de 1979.

Esto, advierten, supone que, a partir de ahora, las licencias de taxi no se podrán transmitir por jubilación del titular y tendrán que ser devueltas al Ayuntamiento correspondiente.

Con este criterio, sólo cabría la posibilidad de transmisión a conductores asalariados con un año de antigüedad en la propia licencia a transmitir, “lo que es inviable principalmente en las zonas rurales, donde esta figura apenas existe”.

La Federación Cántabra de Taxi apunta que este nuevo criterio es “totalmente contrario” a la actuación desarrollada por la Dirección General de Transportes durante 43 años, quien ha llegado a autorizar recientemente la transmisión de licencias de particulares a empresas privadas (como en el caso del municipio de Ruesga, donde se ha concedido una tarjeta de transporte a una empresa de autobuses “cuyo dueño juega al tute con el Presidente de Cantabria, D. Miguel Ángel Revilla”).

Por lo tanto, apuntan, “quedan invalidadas la gran mayoría de transmisiones autorizadas en los últimos años”, principalmente en Santander, población que aglutina más del 50% de las licencias de taxi existentes en la región y cuya Ordenanza Municipal permite desde 2009 la transmisión por jubilación del titular o a un asalariado de cualquier otra licencia en el municipio.

Además, el sector del taxi de Cantabria denuncia la “incompetencia” del Director General de Transportes para aprobar la normativa que regule esta actividad en la Comunidad Autónoma, en tramitación desde que tomó posesión del cargo en 2017.

“Desde la Federación Cántabra del Taxi nos preguntamos por qué, tras más de 4 décadas aplicando el mismo criterio, se decide aplicar ahora una norma que solo se utilizaba con carácter supletorio a las actuales ordenanzas municipales. ¿Qué intereses defienden la Dirección General de Transportes y el Partido Regionalista de Cantabria? ¿Por qué se produce este ataque a la línea de flotación de los trabajadores autónomos del sector? ¿Qué se busca hundiendo al taxi de la región?”, preguntan.

Y adviertenen su respuesta: “el Gobierno Regional arremete contra los trabajadores autónomos para facilitar la entrada de empresas privadas en el transporte”, como lo demuestra el dato de la desaparición de 59 taxis en el último año.