El Juzgado número 2 de Santander ha hecho públicas dos nuevas sentencias a favor de la UTE “Cuida Santander” que se unen a las otras 10 de los Juzgados número 1 y 3 que ya emitieron el pasado año en contra del Ayuntamiento de la capital cántabra.

Por lo tanto, en la actualidad, según informa la propia empresa, hay  12 sentencias a favor de la sociedad del Grupo Sadisa de las 18 que interpuso su empresa de servicios por los supuestos incumplimientos que llevaron al equipo de Gobierno de Gema Igual a rescindir el contrato por un procedimiento de emergencia al grupo cántabro, que llevaba casi 30 años gestionando la recogida de residuos y la limpieza de la ciudad.

Estas sentencias en primera instancia suponen que el Ayuntamiento de Santander tendrá que devolver a Ascán Servicios Urbanos (ASU) la cantidad de 1.880.000 euros que fueron retenidos durante los años 2020 y 2021 por supuestos incumplimientos del servicio, a los que se unen más de 120.000 euros de intereses.

La empresa lamenta el «perjuicio» para sus arcas, ya que «cobrará con años de retraso cantidades que debían haberse abonado a su debido tiempo que han causado situaciones de precariedad económica que han tenido que ser atendidas por los propietarios del Grupo Sadisa».

A día de hoy, aún quedan otras 6 causas pendientes en los Juzgados 1, 2 y 3 de Santander que se resolverán próximamente y que el Grupo Sadisa espera que también respalden su postura, que pasa por «la profesionalidad en el Servicio de limpieza que siempre se ha ceñido a lo que contempla el pliego del concurso que la empresa cántabra ganó en el año 2013».

En este sentido, el Grupo Sadisa recuerda que Ascán Servicios Urbanos (ASU) ocupa el séptimo puesto en el ranking de empresas de gestión de residuos en España con decenas de contratos «que jamás se han cuestionado», a excepción de, recuerda, el que prestaba los servicios al Ayuntamiento de Santander desde hacía 29 años.

En respuesta, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, defendía que el Ayuntamiento ahorrará 900.000 euros a los santanderinos por los descuentos en las facturas del anterior contrato de limpieza con la UTE Cuida Santander, una interpretación que es posible porque se centra en las partes de las sentencias que le dieron la razón, y que no fueron en su totalidad.

Así lo ha puesto de manifiesto Rojo, quien ha precisado que esta cantidad se deriva de las deducciones realizadas en seis de los conceptos de las facturas giradas por la anterior concesionaria que los juzgados han validado.

En concreto, por los de la plataforma informática, el parque de papeleras, la inversión en medios técnicos y la inversión en información y sensibilización. Del mismo modo, en lo referido al personal, los juzgados también han avalado la postura del Ayuntamiento en lo relativo a que los costes del personal directivo son gastos generales que no pueden computarse dos veces.

Por otro lado, la edil de Medio Ambiente ha reiterado que las sentencias emitidas sobre las deducciones en las facturas, que aún no son firmes por estar recurridas ante el TSJC, “no suponen ningún tipo de sobrecoste” para el Consistorio “dado que se trata de una retención” –es decir, un dinero dejado de gastar que presenta como un ahorro—realizada en función de las conclusiones del informe de control financiero elaborado por la Intervención municipal.

“No hay que pagar más, sino que, por responsabilidad y porque velamos por el dinero de todos los santanderinos, hemos considerado, en base a los informes técnicos, que era necesario detraer unas cantidades de lo que estaba establecido en el contrato”, ha puntualizado.

Además, ha recordado que el juez ha pedido a la UTE Cuida Santander un aval como garantía antes de devolverle las deducciones que considera deben abonarse.

Por último, ha indicado que las propias instancias judiciales “ya han dejado claro que el Ayuntamiento cumplió escrupulosamente con la legalidad en aspectos claves del conflicto”, como la denegación de las medidas cautelares solicitadas por la empresa para evitar el traspaso del servicio de limpieza y recogida de basuras, o el archivo de las querellas presentadas por la UTE frente a varios funcionarios municipales por su actuación en el control del servicio, mientras que (esto no lo precisa ella), en otros aspectos no, y de ahí los casi 2 millones de condena por las diez sentencias.