El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, aclaró que uno de los objetivos principales del sindicato en 2023 será exigir en el diálogo social que todas las inversiones públicas destinadas a la mejora del sistema productivo de la región «conlleven de manera inexcusable la creación de empleo».

Según precisó Carmona, ésta será una de las cuestiones a tratar en el Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, que se celebra hoy en la sede del sindicato en Camargo por tercera vez en el actual mandato de la Ejecutiva regional elegida en abril de 2021.

El responsable regional de UGT reiteró que uno de los ejes fundamentales de la participación del sindicato en el diálogo social será vincular las inversiones públicas destinadas a los distintos sectores económicos de la región a «una contratación y creación de empleo que servirá para repartir la riqueza».

«Es la única manera de repartir la riqueza de las empresas, que está claro que se está generando; o se hace con los salarios o se hace con los impuestos y si las empresas no quieren pagar impuestos, tendrán que pagar salarios», agregó el sindicalista, tras recalcar que «lo que está claro es que no se puede dar dinero público a empresas que no quieren pagar ni lo uno ni lo otro».

Carmona reconoció que el incremento salarial pactado en la negociación colectiva de Cantabria el año pasado «está por encima de la media nacional pero muy por debajo de la inflación real» e insistió en la necesidad de que la patronal se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva «para establecer unas pautas que permitan aumentos salariales acordes con la inflación, sobre todo en los salarios más bajos».

«El propio Banco de España reconoce que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios, por lo que es obligado llegar a un acuerdo con la patronal para incrementar los salarios con cláusulas de revisión que permitan a los trabajadores poder afrontar el día a día», subrayó el secretario general de UGT en Cantabria en un encuentro informativo previo al Comité Regional con los medios de comunicación.

Carmona agregó que «nuestra hoja de ruta está muy clara y seguiremos luchando por ello pero si la CEOE no quiere llegar a un acuerdo, habrá una conflictividad que es perjudicial para todos porque no es buena ni para las empresas, ni para la sociedad ni para los trabajadores».

Además, el responsable regional de UGT también aludió a la negociación del sistema público de pensiones, de la que dijo «tenemos que ser lo suficientemente flexibles para llegar a un acuerdo pero lo suficientemente duros para no empeorar el acceso a las pensiones».

Diálogo social en año electoral

El secretario general de UGT en Cantabria vaticinó que todas las cuestiones relacionadas con el diálogo social «serán más complicadas este año» por las elecciones políticas, aunque recordó que «llevamos seis o siete años así porque primero fue la dificultad para configurar un Gobierno en España con varias elecciones seguidas, luego llegó la pandemia y más tarde la guerra en Ucrania».

«De todos modos, en UGT tenemos muy claro que Cantabria tiene una coyuntura económica especial, con una gran dependencia de los servicios, unos sectores económicos que no están equilibrados y una industria antigua que no ha sabido ponerse al día», comentó Carmona, que apeló a trabajar para un cambio de modelo productivo con proyectos y medidas «que en todo caso tienen que implicar creación de empleo».

En referencia a los proyectos financiados con fondos de la UE, Carmona afirmó que «en Cantabria se están aprovechando bien y, de hecho, es una de las autonomías con mayor implantación de los fondos europeos, tal y como han reconocido las propias autoridades comunitarias».

Por último, el secretario general de UGT en Cantabria recordó que el máximo órgano entre congresos del sindicato, que se ha inaugurado con un homenaje a Nicolás Redondo, analizará la situación social y económica de la región «y también cuestiones internas, entre ellas, una serie de medidas y proyectos para seguir mejorando como herramienta para defender los derechos de los trabajadores».

UGT ve «intolerable» que Cantabria registre los mayores niveles de siniestralidad laboral de la última década

El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, se clausuró con la aprobación de dos resoluciones que consideran «intolerable» que la región registrara en 2022 «el peor año de la última década» en siniestralidad laboral y que exigen que se reabran las investigaciones sobre las más de 34.000 muertes en las residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid, 370 de ellas en centros cántabros.

En la primera de las dos resoluciones mencionadas y aprobadas por el pleno del máximo órgano entre congresos del sindicato, UGT considera «intolerable» que en 2022 se hayan registrado en Cantabria más de 8.500 accidentes de trabajo, un 60% más que el año anterior; y que de todos esos siniestros, 12 fueran mortales y 37 graves, lo que implica que «más de medio centenar de familias trabajadoras han sufrido directamente la pérdidas irremediables en sus vidas de una u otra manera».

La resolución planteada por el departamento de Salud Laboral de UGT, aclara que estas cifras confirman que 2022 «fue el peor año de la última década» y descarta vincular este notable incremento de la siniestralidad laboral de la región, y especialmente en el sector servicios, al Covid porque «sólo está detrás del 40% de la accidentalidad de este sector y únicamente en los casos leves».

«Es evidente que las condiciones de trabajo y la falta de medidas preventivas al respecto matan y no son palabras, son hechos», prosigue la resolución, que critica que «evidentemente no se está prevención, lo que se está haciendo en las empresas, con el consentimiento de la Administración, es un lavado de cara, un guardar las apariencias, a lo que se une una falta de inversión pese a que se sigue fomentando una línea de ayudas para ello».

UGT-Salud Laboral recuerda en la resolución las medidas urgentes reclamadas por el sindicato; como la publicación de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud 2023-2028, el refuerzo del departamento de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad, una mayor colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la declaración de enfermedades provocadas por el amianto o la silicosis y el refuerzo del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Investigación de las muertes en las residencias de mayores

Otra de las resoluciones aprobadas por el Comité Regional de UGT en Cantabria y presentada por su Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) exige reabrir la investigación de las más de 34.000 muertes, 370 de ellas en la región, de personas ingresadas en residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid.

La resolución rechaza que «casi tres años después, no se han establecido procedimientos adecuados para saber la verdad de lo ocurrido», que «el 89% de las denuncias presentadas han sido archivadas por la Fiscalía» y que «la gran mayoría de las investigaciones las están realizando los familiares de las víctimas».

«Tal y como ha denunciado Amnistía Internacional en España, el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido y que hasta la fecha no haya ninguna entidad o persona declarada como responsable», subraya la resolución de los jubilados y pensionistas de UGT en Cantabria sobre los fallecimientos registrados en las residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid.

«Se ha reconocido que muchas personas murieron abandonadas, incumpliéndose los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la vigilancia de su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas que tienen competencia de su gestión», agrega el documento, que no admite que «se consideren estas muertes como inevitables» y precisa que «morir en el olvido de una habitación de una residencia de la Tercera Edad es como para exigir responsabilidades».