El pasado mes de abril tuvimos la ocasión de escuchar en Cantabria la lucha por la defensa del territorio de Guapinol, en Hondura: activistas que se alzan contra la explotación minera que ha contaminado su río y la labor del Grupo Emco-Inversiones Los Pinares-Ecotek.

Dalila Argueta en La Vorágine

Aquí vino Dalila Argueta, de  la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras y defensora del río Guapinol que participó en una reunión en el Parlamento de Cantabria e intervino en el Seminario Universitario Defender la Vida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. También estuvo en La Vorágine

Y la entrevistamos en EL FARADIO, donde nos contó las dificultades que tienen quienes sobre el terreno luchan frente a proyectos extractivos, mineros y que atacan el territorio.

Dificultades es una manera suave de decirlo: hablamos de amenazas, agresiones…, . que les llevan a temer por su vida, hasta el punto de que la propia entrevistada, Dalia Argueta, tuvo que acogerse al programa de protección de defensores de los derechos humanos que tiene Brigadas Internacionales de Paz, que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, y que además de esa labor de custodia de activistas desarrolla un ejercicio de didáctica y explicación para que se conozca, fruto del cual se produjo su paso por Cantabria.

ALY Y JARIO

El peligro y las amenazas que sirven de base a este programa es real: este mismo mes de enero, el día 7, Jairo Bonilla y Aly Domínguez, defensores de los derechos humanos de la comunidad de Guapinol, fueron asesinados, convirtiéndose además en los primeros activistas asesinados este 2023.

Su asesinato ha provocado toda una conmoción entre los defensores del territorio: entes como el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) o el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol a ha alertado sobre la necesidad de protección estatal a quienes defienden los derechos humanos y el fracaso de Honduras como estado en este sentido, tanto en la prevención como en la posterior investigación de los crímenes.

Toda la comunidad ha alertado sobre la grave situación de vulnerabilidad desde hace años debido a su defensa del medioambiente, en riesgo por la minería a cielo abierto que no cuenta ni con los permisos requeridos para operar ni con el consentimiento de la población.

Además,han denunciado la campaña de estigmatización que han sufrido los defensores del medio ambiente, incluyendo instituciones estatales del país como organismos mineros como incluso los propios de derechos humanos: “la historia de Guapinol demuestra que a este tipo de campañas de estigmatización y amenazas suelen suceder asesinatos y ataques contra la vida de las personas defensoras de derechos humanos y su entorno”.

LA LUCHA DE GUAPINOL

En esta comunidad, situada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, las comunidades se rebelan contra la amenaza que según ellas supone el extractivismo para la vida comunitaria,  en una lucha en la que tienen un protagonismo destacado las mujeres.

Tal y como cuentan desde Brigadas Internacionales de Paz, en contacto constante con los activistas locales a los que acompañan, todo empezó cuando se detectó la contaminación en el río entorno al cual desarrollan su vida y buena parte de su actividad y sustento: con el pasar del tiempo concluyeron que la contaminación provenía de la instalación de un proyecto extractivo de óxido de hierro liderado por Inversiones Los Pinares, del grupo EMCO, que afectaba al área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, y por tanto a los 34 ríos que nacen de su fuente, entre ellos el río San Pedro, el río Guapinol y el río Tocoa, los cuales desembocan en uno de los ríos más importantes de Honduras, el río Aguán.

Ante esta situación, empezaron a organizarse y crearon el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Hacia el año 2016, para hacerse oír por el alcalde de Tocoa, organizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras, una protesta de 11 días frente al ayuntamiento, la recolecta de 4.000 firmas a favor de una consulta y la presentación de impugnaciones constitucionales e informes penales.

En abril de 2018 y durante el transcurso de tres meses, el agua contaminada y fangosa llegó a los hogares de varias comunidades de la zona, impidiendo su consumo con fines domésticos, hecho que desencadenó que el 1 de agosto de 2018 aproximadamente 140 personas organizadas de las comunidades afectadas instalaran por 88 días el campamento pacífico “Por el Agua y la Vida” de Guapinol.

El 27 de octubre del 2018, fuerzas militares, policiales y de seguridad privada fueron movilizadas a la zona y desalojaron de manera violenta a las personas que se encontraban en el campamento.

Ese mismo año, 32 personas del campamento fueron denunciadas y en enero de 2019 la jueza declaró prisión preventiva para ocho defensores por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita.

Los ocho defensores estuvieron en prisión durante 914 días, hasta principios de 2022.

A día de hoy la actividad extractiva no se ha detenido y el desarrollo de la transformación del mineral continúa.

LA VARIABLE DE GÉNERO

En Guapinol, las mujeres tienen una fuerte conexión con el medio ambiente, pues es su fuente de vida. Ellas detectaron el problema y vienen sosteniendo la lucha o acciones como el campamento.

Se estima que los años 2016 y 2017 han sido los más violentos para las defensoras en Honduras: la Red de Defensoras de Derechos Humanos reportó 1,230 agresiones y 5 femicidios.

En el 2020, Front Line Defenders contabilizó 44 mujeres defensoras asesinadas en toda la región latinoamericana, siendo el 69% mujeres que defendían los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al medio ambiente.

En 2021, 67 fueron objeto de intimidación, agresiones y actos de criminalización. En la actualidad una de cada dos defensoras de derechos humanos es objeto de agresión y amenazas.

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización internacional, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, que nació en 1981 bajo la convicción de que cualquier persona y colectivo puede contribuir a la transformación pacífica de un conflicto. Desde entonces, trabaja en la protección del espacio de actuación de defensores y defensoras de derechos humanos a través del acompañamiento internacional desde una perspectiva de protección integral.

PBI brinda protección a personas que enfrentan ataques de diversa índole debido a su actividad en la defensa de los derechos humanos. Esto se lleva a cabo mediante el acompañamiento internacional, estrategia en la que PBI es pionera y que se materializa en acciones como la presencia física junto a las personas amenazadas, la creación de una red de apoyo internacional, la interlocución con autoridades, y la difusión de información, entre otras.

Durante casi cuatro décadas PBI ha acompañado a centenares de activistas en diversos países, con el objetivo de que puedan seguir realizando su labor con seguridad y libertad. PBI ha desarrollado proyectos en El Salvador, Sri Lanka, Norteamérica, Haití y Balcanes. Actualmente mantiene presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Kenia, Indonesia y Nepal.