El Ayuntamiento de Castañeda recibe peticiones de información sobre la contratación municipal cuya solicitud llevó a la condena a Acayro Sánchez
Hay una derivada interesante en todo lo que rodea al juicio y condena a Luis Acayro Sánchez, el magistrado abocado a recurrir al Supremo para que anule la sentencia que le condena a inhabilitación, firmada por alguien contra quién compitió por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sería, por cierto, la segunda vez que el Supremo anulara una resolución de este tribunal en contra de Acayro Sánchez.
Recordamos: cuando el juez se encontró con una denuncia de un vecino contra el intento de evitar el derribo de unas viviendas en Castañeda, se encontró con que el Ayuntamiento se escudaba para sus decisiones en informes de un técnico que no pertenecía a la plantilla municipal (arquitecto. secretario, jurídico, etc…), sino que era un profesional externo contratado, el abogado José María del Real. La petición de los documentos que facilitaron su contratación (lo que se llama expediente) fue interpretada por el letrado en cuestión — asesor recurrente en Urbanismo en ayuntamientos gobernados por el PP–, pero también por el Colegio de Abogados, como una persecución al abogado que desembocó en esa denuncia, en el juicio, con la Fiscal Superior representando a la Fiscalía y el presidente del TSJC presidiendo la sala y como ponente de la sentencia. Es la versión resumida sobre la que podéis leer más aquí, aquí y aquí.
El caso es que ya ha habido voces a las que les ha llamado la atención una cosa: que de fondo, en la petición de documentación, estuviera lo que no dejaba de ser una petición de información municipal, es decir pública, el expediente por el que se decidió la contratación del abogado.
De modo que, según ha comprobado EL FARADIO, varios particulares han pedido al al Ayuntamiento de Castañeda esa misma documentación, municipal, que no estaba en ningún portal de transparencia y que entonces se tienen que reclamar.
En concreto, el pasado 4 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Castañeda registró varias instancias de particulares que, al amparo de la ley de transparencia, solicitaban los contratos de asesoramiento jurídico en expedientes urbanísticos entre los años 2013 a 2018, así como los contratos de defensa jurídica en procedimientos contenciosos y penales entre los años 2013 a 2018. A día de hoy, siguen esperando respuesta.
Se trata de los mismos documentos solicitados en su día por el magistrado, condenado a cinco años de inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por un delito de prevaricación judicial.
Los ciudadanos, a título personal, han realizado estas solicitudes siguiendo la estela de Fernando Jabonero Orasio, activista contra la corrupción.
El abogado Jaime de Rivera es uno de los solicitantes de esa información al Ayuntamiento de Castañeda. En conversación con EL FARADIO explica que lo único que han hecho ha sido pedir una documentación pública, que está al alance de cualquier particular que lo solicite. «Lo que queremos poner de manifiesto es la falta de fundamento y lógica del pronunciamiento que se ha hecho contra el juez Acayro porque es llamativo que una actitud inocua deja de serlo sí lo hace un magistrado. Entonces tiene un reproche penal cuando precisamente un magistrado tiene autoridad para pedir no ya información pública, sino confidencial».
De Rivera confía en que finalmente la justicia «ponga las cosas en el contexto que le corresponden» y lamenta que se esté masacrando sin sentido a una persona como se está haciendo con Acayro. «Me parece que hay mucha saña personal y que es particularmente dañino lo que se está haciendo», concluye.
Otra de las abogadas que han registrado la solicitud de documentos en el Ayuntamiento de Castañeda, que prefiere permanecer en el anonimato, denuncia lo que a su juicio es el verdadero problema y que no es otro que la gran cantidad de ayuntamientos que, sin tener personal propio, hacen grandes operaciones urbanísticas externalizando toda la gestión. «Lo que parece claro es lo que denuncia una y otra vez Fernando Jabonero y es que la externalización del urbanismo es la base de la corrupción».
Según explica para EL FARADIO, fue el propio Jabonero Orasio quien lanzó la idea de pedir esta información al Ayuntamiento de Castañeda «pidiendo el ejercicio de la transparencia y buen gobierno».
Noticias relacionadas:
- Cómo se llegó al juicio contra el magistrado Luis Acayro Sánchez
- Derribar al juez pero no viviendas: claves de la sentencia contra Luis Acayro Sánchez
- El TSJC activa los recursos ante el Supremo por la sentencia contra Acayro Sánchez
- El TSJC inhabilita a Luis Acayro Sánchez
- El auto por el que juzgaron y condenaron a Luis Acayro Sánchez
- Las facturas con el Ayuntamiento de Castañeda tenían “deficiencias” y su envío a Hacienda cumplía la Ley