ASPLA, la empresa de producción de plásticos del Grupo Armando Alvárez, ubicada en Torrelavega y cuyos trabajadores llevan casi un mes entero en huelga, ha recibido en los dos últimos años subvenciones, ayudas o dinero público para proyectos presentados a distintas convocatorias por un valor de 1,1 millones de euros en conceptos como promoción internacional o eficiencia energética.

El dato lo aporta el Comité de Huelga de la empresa, tras analizar las cuentas presentadas al Registro Mercantil en los últimos años –y ante la información que de ella trasladan directivos este fin de semana en prensa–, y contrasta con cierto discurso que acusa a las instituciones de posicionarse contra la dirección por recibir a los trabajadores o participar en las multitudinarias manifestaciones de apoyo que se han producido desde que comenzara el conflicto laboral, motivado por la petición de que actualice el convenio.

Y sirve para que la plantilla asegure que “el Gobierno de Cantabria tendría algo que decir en este conflicto, ya que subvenciona a una empresa con grandes beneficios en nuestra región mientras que por otro lado de dirección de la planta fabril no quiere asumir que las personas empleadas, en sus dos centros productivos, tenga una subida salarial acorde al IPC de los años venideros, con sus respectivos atrasos, cuando exista revisión de salarios”.

CASI UN MES DE HUELGA

La huelga se ha convocado tras diez meses de negociaciones,  para sustituir a un convenio que ha quedado caducado desde marzo de 2022, hace casi un año, y que no recoge, por tanto, las variaciones de precios, la inflación, a raíz de la guerra, que hacen que el salario de entonces valga menos (paradójicamente, desde el sector empresarial sí se invoca la subida de costes por la guerra).

Y todo mientras desde el año pasado se han ido actualizando los distintos convenios colectivos colectivos que se habían atascado, como el del metal (la patronal del sector, no integrada en CEOE, y con una dirección hereditaria, llegó a hablar de cierres y despidos masivos en empresa si se asumían las subidas que finalmente se pactaron).

BENEFICIOS RÉCORD PESE A LA PANDEMIA Y LA GUERRA

Los trabajadores han realizado un análisis de las cuentas de la empresa, del período 2017-2022, en base a los datos del Registro Mercantil,  y de ese estudio extraen  varias conclusiones:

-como la ausencia de repercusión económica sobre ellas de la guerra en Ucrania, (con beneficios récord, incluso), y también en la pandemia, cuando se tuvo beneficios.

 – Desde el año 2017 hasta el año 2022 la empresa tiene un beneficio antes de impuestos de 92,3 millones de euro. La suma de los beneficios de los últimos 6 años asciende a 124,8 millones de euros, y los gastos de personal, (por lo tanto, gastos fijos a partir de los cuales se calculan los beneficios), de unos 219 millones de euros en cinco años.

Y desde ese contexto detallan que en abril-octubre estaban negociando con el IPC del 10%, pero que ahora se plantea con un IPC ya definitivo para el 2022 de 5,7% que no es “asumible”, cuando un año antes la misma compañía y cúpula directiva asume una subida del 6,5% y  cuando las cuentas de la empresa daban “los mejores resultados de la historia”.

EL «NO POR EL NO»

En un comunicado, los trabajadores recalcan que ellos “lo único” que quieren es “que siendo nuestra empresa una factoría puntera a nivel mundial también lo sea a nivel socio laboral y que las personas trabajadoras de la compañía tengas unas condiciones económicas acordes a dicha empresa”.

“Señores dirigentes de Aspla: se puede tener la mejor empresa, la más puntera del mercado, estar a la vanguardia tecnológica, pero si no se cuida al mayor activo de la empresa, que son sus trabajadores…”, advierten, apuntando además a la “clara diferenciación” que hace la dirección entre los trabajadores de producción y los de oficinas.

Asimismo, apuntan a que para buscar elementos con los que compararse, podría mirar a otras empresas químicas cercanas y no sólo al convenio regional del sector, ya que los convenios tienden a ser de mínimos. (Es decir, en este caso, la empresa estaría buscando igualar por abajo), y acusan a la empresa de llevar a cabo una  política de negacionismo, el “no por el no”,