En 2022 se presentaron 270 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia, un 4,6 por ciento menos respecto a 2021 (283). A nivel nacional, estos procedimientos también se redujeron (un 10,5 por ciento).

Esta cifra de 270 ejecuciones hipotecarias iniciadas sitúa la tasa de estos procedimientos por cada 100.000 habitantes en 46,1, por debajo de la registrada por la media nacional, que está en 52,5.

En estos juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Durante el pasado año, estos pleitos ascendieron a 10.388 frente a los 8.512 de 2021, lo que representa un aumento del 22 por ciento y una tasa de 1.774,5 pleitos por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 2.014,2.

Ocho de cada diez lanzamientos, por impago de alquiler

Los lanzamientos practicados en Cantabria en 2022 fueron 448, un 19,9 por ciento menos que un año antes, cuando ascendieron a 559. A nivel nacional, los lanzamientos también se redujeron, un 7,5 por ciento.

Esa cifra de 448 lanzamientos supone una tasa por cada 100.000 habitantes en nuestra región de 76,5 frente a la media del país, que es de 80,6.

Tanto los lanzamientos debidos a ejecución hipotecaria como los que respondían al impago de alquiler fueron menos: los primeros lo hicieron un 30,4 por ciento (87 frente a 125 de un años antes), y los segundos, un 14,6 por ciento (350 frente a 410). Estos últimos, los que se deben a una falta de pago de arrendamiento, representan ocho de cada diez lanzamientos practicados.

A nivel nacional, los lanzamientos también fueron menos: tanto los debidos al impago de hipoteca (un 15,8 por ciento menos) como los que responden al impago de alquiler (un 5 por ciento menos).

Juzgado de Cláusulas

El informe también incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.

En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, que en 2022 recibió un total de 1.939 asuntos de este tipo, esto es, un 45,1 por ciento menos que en 2021, cuando se registraron 3.534. A nivel nacional, el descenso fue del 31,3 por ciento.

Además, el juzgado especializado de Cantabria dictó un total de 1.836 sentencias, frente a 3.596 del año anterior. También los órganos del conjunto del país dictaron menos sentencias, un 10,9 por ciento.

Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, derivados de la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En Cantabria, los juzgados de primera instancia registraron en 2022 un total de 29 asuntos, un 26,1 por ciento más que un año antes.

Fuerte aumento de los concursos de particulares

Por tipo de concursos, los que se refieren a personas naturales no empresarias, 138, un 155,6 por ciento más que un año antes, cuando este tipo de procedimientos sumaron 54.

Ello sitúa a Cantabria en una tasa de concursos presentados por particulares por cada 100.000 habitantes de 23,6, frente a una media nacional de 32,5.

Por su parte, los concursos relativos a personas jurídicas fueron 56, frente a 38 de un año antes (un 47,4 por ciento más), y representan 9,6 por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 14,9.

El tercer tipo de concursos es el relativo a personas naturales empresarias, que se mantuvo estable: 24 concursos frente a 23 de un año antes. Nuevamente, en términos relativos el número de estos procedimientos en relación a la población se sitúa por debajo de la media del conjunto del país: 4,1 por cada 100.000 habitantes frente a 10,8.

Además, en el Juzgado de lo Mercantil se declararon 89 concursos (70 más que un año antes, teniendo en cuenta que este órgano asumió a partir de agosto la competencia sobre todo tipo de concursos), se declararon concluidos otros 24 (un 14,3 por ciento menos), en 1 se abrió la fase de convenio (un 75 por ciento menos) y en 35 se fue a la liquidación (un 25 por ciento más). Además, se presentaron 4 expedientes de regulación de empleo de empresas que se encontraban en situación de concurso (uno menos que en 2021).

Actividad en los juzgados laborales

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos en los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En 2022, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron un total de 1.013 demandas por despido, lo que supone un incremento del 7,2 por ciento respecto a 2021, cuando se presentaron 945. A nivel nacional, los despidos también crecieron (un 3,1 por ciento).

La tasa de despidos por cada 100.000 habitantes se sitúa así en 173, frente a 254,7 de la media nacional. A la cabeza en demandas de despido se situó Canarias (400,5), mientras que La Rioja fue la comunidad donde menos se registraron en relación a su población (149,1).

Por su parte, las demandas de reclamación de cantidad en los juzgados laborales fueron 1.714, un 12,6 por ciento menos que en el año anterior, cuando se registraron 1.962. A nivel nacional estas demandas se redujeron, pero de manera más leve (un 1,5 por ciento menos).

En relación a la población, las reclamaciones de cantidad en Cantabria fueron más que en el conjunto del país, con 292,8 reclamaciones de cantidad por cada 100.000 habitantes frente a una tasa nacional de 253,9.