Estar pendiente de las fotocopias era, antes de la generalización de Internet, algo propio del ser universitario: los apuntes (o libros enteros) que iban rulando hacían que uno de los servicios más concurridos, aparte de la cafetería, fuera Reprografía.

Para la hija de Miguel Ángel Díez, el funcionario de Carreteras detenido e investigado por concertar adjudicaciones de su área con las empresas RUCECAN, API, LA ENCINA o CANNOR, la preocupación por las fotocopias debía ser extrema, toda vez que en los papeles figuraba como una de las titulares de Parivara Lagani, la empresa familiar, dedicada teóricamente a las fotocopias.

Una sociedad que, según han detectado los investigadores y consta en el sumario derivado de lo que se ha llamado Operación Sésamo, al que ha tenido acceso EL FARADIO, tenía como principal fuente de ingresos a las empresas adjudicatarias de obras como consecuencia de los informes que emitía Miguel Ángel Díez en su función de jefe de Servicio de Carreteras en la Consejería de Obras Públicas.

En total, Cannor Obras (del grupo La Encina), Centro de Jardinería La Encina (ídem) y Rucecan imputaron pagos por importe de más de 225.00 euros en los años 2021 y 2022 a la empresa familiar (empresa familiar en una familia en la que el padre era alto funcionario y a la madre no se le comprobó actividad laboral alguna en la investigación).  El concepto de esos pagos era la realización de fotocopias. Y son pagos que se suman a los 170.000 euros que recibió directamente la hija, Cecilia, de las mismas empresas. Total, 395.000 euros.

En esa empresa de fotocopias figuraba como administradora única la madre, Beatriz, y la titularidad, es decir, la propiedad, la compartían tanto la madre como las dos hijas.

A los investigadores les llamó la atención que el lugar declarado de la actividad –no es lo mismo que el domicilio social, que en empresas familiares o pequeñas puede coincidir con el de los propietarios— fuera la propia vivienda.  Pero también que durante el momento en que se produjeron esos ingresos una de las hijas estuviera estudiando en Madrid o que en las cuentas bancarias no se detectaran inversiones en maquinaria o instalaciones, u otras posibles compras o gastos compatibles con una actividad mercantil, como alquileres, instalaciones, gastos de personal, suministros o telefonía.

En definitiva, los investigadores no encuentran explicación que coincida con la declarada, al haber “imposibilidad material”.

A lo que hay que sumar el papel de la madre, la mujer del funcionario: además de constar como administradora de esa empresa de fotocopias, también figuraba como empleada de una de las empresas adjudicatarias habituales, La Encina (en su inmobiliaria). Pero los seguimientos a Beatriz reflejaban un día a día que era impropio de una trabajadora de una inmobiliaria que además administraba su propia empresa: ni llamadas por motivos laborales, ni visitas alos centros de trabajo, sólo una sucesión de visitas al gimnasio Marismas, al Corte Inglés, y conversaciones con amigas y familiares en las que expresaba su aburrimiento.