5.000 perosnas pertenecen en Cantabria al sector de Detallistas de Alimentación. La patronal está liderada por UCEDA y ACODA, lideradas por Lupa y BM y ahora se negocian las condiciones salariales para los próximos cuatro años.

Según informan desde el Sindicato Unitario de Cantabria, en la reunión mantenida en el ORECLA el viernes 10 de Marzo, las patronales han propuesto  una revisión de salarios para los años 2023,2024,2025 y 2026 «muy por debajo del IPC para el año 2023 y sin garantías de alcanzar el IPC para el resto de los años de vigencia».

Explican que para el año 2023, teniendo como referencia el IPC real del 2022 5,7%, las patronales ofrecen una subida salarial de 2 % revisando la diferencia salarial entre el 2% y el IPC real del 2023 como máximo en un 65% con un tope del 1% lo que supere el 2%, es decir como máximo un 3%.

Y añaden que para los años 2024, 2025 y 2026 se propone un 2% de subida con una cláusula de revisión al 65% en lo que el IPC real de cada año supere el 2% teniendo como tope en todo caso el 1%.

Una subida que ha sido «rechazada de forma rotunda por las organizaciones sindicales ya que se aleja de las propuestas presentadas en las diferentes plataformas reivindicativas que como mínimo exigen la garantía del IPC real, pudiendo superar éste en alguno de los años si el convenio se firma a cuatro años».

Los responsables del Sindicato Unitario consideran que «si existe un sector en el cual las diferentes crisis sufridas desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania no han hecho mella, al contrario, ha supuesto un aumento espectacular de sus beneficios, es el de la alimentación. Cadenas de supermercados como Lupa y BM están obteniendo récords históricos de beneficios mientras la gran mayoría de la sociedad las pasa canutas para llegar a fin de mes, principalmente por el aumento de los precios en el sector de la alimentación» .

Denuncian que «la avaricia de la patronal del sector es insaciable y no contenta con los extraordinarios beneficios que están logrando, ahora quieren incrementarlos aún más a costa de subidas salariales muy por debajo del IPC, salarios que rondan en su gran mayoría el salario mínimo interprofesional de 1080 euros».

Por todo ello, delegadas del sector de la alimentación del Sindicato Unitario van a poner en marcha una campaña informativa entre los clientes y trabajadores de los supermercados Lupa y BM con el fin de «que conozcan las intenciones de las Direcciones de estas Empresas para sus empleadas».

La próxima reunión entre sindicatos y patronal está fechada para el 31 de marzo en el Orecla.

Una sentencia reconoce el derecho al teletrabajo a una trabajadora de DIGITEX por residir en otra comunidad

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Santander ha dictado una sentencia que declara el derecho de una trabajadora al teletrabajo por residir ella, su marido y su hijo en otra comunidad autónoma.

La trabajadora, de profesión teleoperadora, demandó a la compañía DIGITEX al ordenar la empresa el retorno al modo presencial en su prestación laboral tras dos años de teletrabajo por causa de la pandemia.

Durante ese tiempo la trabajadora cambió de residencia junto con su familia y reside desde entonces en La Rioja. Según consta en la sentencia, en ese periodo el marido encontró empleo en su nueva residencia así como el hijo, de corta edad, se ha escolarizado.

La trabajadora propuso a la empresa la continuidad en teletrabajo, petición que fue denegada. El sindicato USO asistió a la trabajadora y con la dirección letrada de Ignacio Fernández acudió a los tribunales al entender que la ponderación entre el perjuicio ocasionado a la empresa y el beneficio de la trabajadora hacía aconsejable una mediada favorable de conciliación laboral y por tanto de permanencia en modo no presencial, tal y como venía haciendo durante la pandemia.

El magistrado  en su sentencia manifiesta que “se ha demostrado la necesidad de la trabajadora de teletrabajar porque la actora reside en la Rioja, su marido también y el niño lo mismo. Además, la actividad que desempeña la trabajadora permite el teletrabajo”.

La sentencia constata la ausencia de periodo de negociación, preceptivo en este tipo de situaciones,  ya que la empresa se limitó a denegar la solicitud de permanencia en modo no presencial.