Con gabardinas, sombreros, gafas de sol y un candado gigante. Así se presentaron activistas de Amnistía Internacional este jueves frente a la sede del Gobierno para reclamar que esta legislatura no puede terminar sin la prometida reforma de la Ley de Secretos Oficiales. España debe avanzar en derechos y esta ley retrógrada se lo impide puesto que es un cerrojo frente al derecho de información, la transparencia y la posibilidad de investigar numerosas violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional reconoce el derecho de todo gobierno a declarar ciertas informaciones secretas por motivos de «seguridad nacional», pero sólo por razones precisas y limitadas. Sin embargo, la actual normativa, vigente desde 1968, ha sido empleada por todos los gobiernos de forma abusiva y genérica, restringiendo de forma constante el derecho a la información y la transparencia de sus actuaciones. El derecho internacional establece que poder clasificar un documento como secreto no puede ser un cheque en blanco, su contenido debe afectar a la seguridad nacional, no debe estar vinculado a vulneraciones de derechos humanos, y no puede prorrogarse esta condición hasta el infinito, tal y como sucede en la actualidad.

«La reforma de esta Ley es una cuenta pendiente de nuestra democracia. Es hora de abrir este candado que desde hace más de 50 años permite que asuntos como los crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo, o el comercio de armas a gobiernos que cometen atrocidades permanezcan encerrados en un baúl», exigió el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

En varias ocasiones el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno presentaría una propuesta de reforma de esta ley, argumentando que sería bueno «para la calidad de nuestra democracia». El año pasado se dio a conocer el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que deberá establecer criterios, categorías y plazos para determinar qué documentos puede el Estado mantener como secretos. Sin embargo, si el anteproyecto no se aprueba en los próximos Consejos de Ministros difícilmente podrá ver la luz en esta legislatura. Es imprescindible que el gobierno, y posteriormente los grupos parlamentarios, den los pasos necesarios para aprobar esta nueva norma.

«En las próximas semanas tendremos la oportunidad de salir de esta anomalía democrática que es tener una ley franquista regulando algo tan esencial como son los secretos oficiales. El Gobierno y los grupos parlamentarios no pueden seguir mirando hacia otro lado y deben garantizar que las posibles violaciones de los derechos humanos, pasadas, presentes y futuras, jamás serán secretas», afirmó Beltrán.

La organización entregó además en el Palacio de la Moncloa las más de 12.000 firmas que ha recogido en apoyo a su campaña «Pedro Sánchez: ¿qué escondes? ¡Abre la caja de los Secretos Oficiales!».

Tres ejemplos de oscuridad

La Ley de Secretos Oficiales es un obstáculo para avanzar en la investigación de las violaciones graves de derechos humanos y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Para Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos son de interés público, sea acerca de hechos presentes o pasados, y no debería ser clasificada por razones de seguridad bajo ninguna circunstancia, tal y como recomienda el Principio 10 de la declaración de Tshwane.

En las últimas semanas hemos asistido a dos ejemplos en los que el Gobierno se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales para no ofrecer ninguna información pública en asuntos que afectan gravemente los derechos humanos.

– Uso de material antidisturbios en Perú. Desde que comenzaron las protestas en diciembre del pasado año, Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza que habría contribuido a la muerte de 47 personas. El 21 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores anunció en el Congreso la suspensión temporal de la exportación de material antidisturbios, tal y como la organización había reclamado, pero no la venta de munición ni de armas letales, sin que se haya podido conocer la evaluación del riesgo, ni el criterio por el que se han tomado estas decisiones, ni hay documentos públicos sobre ellas dado que las decisiones y las actas de la Junta Interministerial que autorizan la venta de armas son secretas.

– Envío de armas a Arabia Saudí. Con frecuencia, buques de la naviera pública de Arabia Saudí acuden al puerto de Sagunto (Valencia). La última ocasión fue el pasado 4 de febrero. Se teme que la llegada de estos barcos sea para transportar armamento español para la guerra que este país mantiene en Yemen, y que por lo tanto podría usarse para cometer crímenes de guerra, pero el gobierno no informa sobre su destino ni sobre sus usos finales.

Además, en un ejercicio continuado de falta de transparencia, los sucesivos Gobiernos se ha negado a informar sobre los acuerdos migratorios con Marruecos. Los más recientes fueron los anunciados tras la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos que se celebró en Rabat el pasado febrero, lo que supone además la continuación de la política de encubrimiento respecto a la tragedia de Melilla que llevan a cabo ambos gobiernos.

Información complementaria

La Ley de Secretos Oficiales de 1968 se aprueba en pleno régimen franquista y, a pesar de la entrada de la democracia en España, su reforma todavía no ha sido efectuada. Desde 2016, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha intentado tramitar una proposición de ley que ha sido paralizada en varias ocasiones.

Los estándares internacionales sobre cómo garantizar el acceso público a la información sin poner en peligro la legítima defensa de la seguridad nacional quedaron recogidos en 2013 en los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información de Tshwane.

Entre ellos, destaca que la información sólo debe mantenerse en secreto si hacerla pública supone «un riesgo real e identificable de daño significativo a un interés legítimo de seguridad nacional». Asimismo debe hacerse pública siempre que esté vinculada a violaciones graves de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y en todo momento se debe tener acceso a la información sobre programas de vigilancia.

En 2020, Amnistía Internacional emitió el Informe ¿Abrimos ya el candado de la ley de secretos oficiales? Preocupaciones y recomendaciones de Amnistía Internacional para la tramitación de la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.