Las conversaciones entre Miguel Ángel Díez, el funcionario de Carreteras encargado de informes que definían adjudicaciones, y los empresarios adjudicatarios, de empresas como API MOVILIDAD, RUCECAN o LA ENCINA-CANNOR suponen todo un compendio de las distintas posibilidades que se producen a la hora de designar un proyecto de obras.

Por ejemplo, en la senda ciclable de Torrelavega, los investigadores de la operación Suricatas-Sésamo (nombre completo de la investigación que desembocó en la redada en la sede de la Consejería de Obras Públicas y las empresas constructoras) detectaron lo que sucedía con las clasificaciones especiales.

Es decir, hay obras en las que se pide algún tipo de certificación especial (pese a todo lo que lo rodea, sigue siendo un sector con un alto grado de exigencia técnica).

 A LA BÚSQUEDA DE EMPRESAS PARA HACER UTE, PERO NO LA OBRA

Los investigadores, según reflejan en el sumario que en las últimas semanas viene contando EL FARADIO, concluyen que la práctica común es que se hacen asociaciones de empresas en aquellas licitaciones en las que se requiere una clasificación concreta, pero que, posteriormente, una vez ganada la licitación, una de ellas no realiza los trabajos a cambio de favores o una suma de dinero.

Ejemplo: en varias licitaciones se pide la B4.4.  En concreto, pasaba en lo que llaman senda ciclable de Torrelavega o La Barca, un proyecto denominado  “Proyecto de mejora de la seguridad vial. Ejecución de Senda Ciclable CA-131, Barreda – La Revilla, del pk 0,315 al PK 0,780. Tramo: Puente de la Barca”, con un importe de 3,4 millones de euros, tramitado por procedimiento abierto a 18 meses.

Vidal, de RUCECAN, le cuenta al funcionario, ahora detenido e investigado, que busca una empresa con la que asociarse para poder presentarse. Y que si hay éxito, “le paga 50.000 euros y se va”.

Pero  entre esas candidatas no está SIEC, ya que “van a querer una UTE legal como Dios manda” y él no quiere eso.

Una obra que, según explica el funcionario, va a dirigir directamente él ya que “está delegando funciones” (en principio, podría ser Del Jesús, director general de Carreteras, dimitido).

En las conversaciones previas, Miguel Ángel Díez remite al de RUCECAN a API MOVILIDAD como sociedad que tendría esas certificaciones con empresas de su propio grupo.

(El propio José Luis de API confirma que irá en UTE interna con dos de sus empresas, y que no le hace falta nada más, porque es “subastera”: cumplir las condiciones y lo importante es la oferta económica).

Hablan de más candidatas, algunas descartadas porque el funcionario conoce directamente que no tienen la certificación.

E incluso se plantea la opción de COPSESA, “que me llevo bien”, en una operación con otra empresa, pero de forma que la constructora fundada por el exalcalde de Ramales de la Victoria al final “ni pincha ni corte” El funcionario no lo ve, «es un lío”, aunque en una llamada con el de API le indica que COPSESA anda buscando una clasificación completa que poca gente tiene.

En el proceso volvió a aparecer una figura a la que en otra de las obras el funcionario se empeñó en disuadir, Hernán Blanco (de la empresa Extraco),  en una operación que repite aquí (“Hernán Blanco vino el otro día y le mandé a tomar por culo, por decirlo”).

La solución que arma RUCECAN finalmente es, formalmente, una UTE a tres, con ASFALT, con el 10% por el aglomerado, y la citada VIUDA, pero que esa “no va a hacer nada”.

VIUDA DE SAIZ, una empresa vasca –comunidad a la que el de RUCECAN había extendido su búsqueda, en lugar de tirar de API como le sugirió el funcionario, pero que iba con sus  propias empresas-, es una opción que no le gusta a Miguel Ángel Díez: de hecho, eran “los únicos que no podían ser”, porque “son amigos de Jesús y se va a enterar el Canario”, además de que son socios de Canteras de Carranza.

El de RUCECAN le explica que se van a retirar de obra, que le va a dar un dinero por que se vayan después, y que lo hablado es 80-20 con un documento, de modo que a la hora de la adjudicación se les paga un porcentaje sobre la licitación “y se van”.

Porque en realidad RUCECAN “no quiere a nadie que participe en la obra”.

Además, añade que tienen un contrato privado firmado con SENOR de este tipo, y que “no pasa nada” si se entera Manuel del Jesús (director general de Carreteras, dimitido), que lo único que hacen es dejarle la clasificación y por ello les paga.

RUCECAN pregunta si API se presenta. El funcionario le confirma, que sí, y “con ganas de cogerla”. El empresario se muestra confiado en que ellos tienen ventaja, porque API no sabe que se van a presentar ellos también.

UNA OBRA PARALIZADA

Finalmente, esta obra (por cierto, criticada por su impacto por los ecologistas es de las que quedó paralizada a raíz de que estallara todo la operación policial, las detenciones y la investigación judicial.

Pero en el último paso conocido, la subsanación de errores y los criterios objetivos, las ofertas más destacadas, tanto en lo económico como por el cumplimiento del resto de criterios, eran la de SIEC y la de RUCECAN y su alianza con las otras. Otras ofertas, como las de COPSESA, EXTRACO (Hernán) y API también cumplían todos los parámetros, pero la parte económica dejaba mejor posicionadas a RUCECAN y al socio que precisamente no quiso porque supuso que querría hacer la UTE «legal» y «como Dios manda».