Quizá ha sido el principal asunto de la legislatura en Camargo. Todo estaba preparado para que Urbaser se hiciera cargo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, pero eso se terminó frenando el pasado mes de noviembre.

Ya antes de eso, en el Pleno municipal de junio de 2022, se tomó la decisión de revocar a la empresa como adjudicataria. Hubo una división en el equipo de Gobierno municipal, pues tres de los cuatro concejales del PRC decidieron tumbar esa adjudicación, en contra de lo que votó el PSOE y Héctor Lavín, también concejal del PRC (de Hacienda, Economía y Contratación). Lavín, hoy, es concejal no adscrito del Ayuntamiento.

Lo raro de esa decisión es que Urbaser había sido la empresa que había salido vencedora del concurso. Fue la mejor valorada de las cinco que se presentaron, por delante de FCC, Ascan, una UTE entre OHL y Oxital, y Valoriza Servicios Medioambientales.

Curiosamente, Urbaser fue la empresa que ofreció una oferta más baja. El presupuesto estimado era de 2.036.195,27 euros anuales, y la oferta de esta empresa era un 10,4% más baja, algo que, según la documentación del contrato, no era una baja temeraria.

De pronto, el contrato se volvía a encallar. Geaser, la empresa del grupo Sadisa, fue la ganadora en 2006. Un contrato de ocho años. Cuando venció, se prorrogó, y la inestabilidad política en el municipio impidió que se renovara en la pasada legislatura, así que Geaser siguió prestando el servicio. Y hoy en día sigue en ello. 17 años después.

Esther Bolado, del PSOE, es la alcaldesa por segunda legislatura consecutiva. Y el objetivo primordial de este segundo mandato era poder adjudicar este contrato. O, más bien, dos contratos en uno, porque esta vez no era sólo la recogida de residuos, sino también limpieza viaria. Un servicio que había prestado Sintrasa en un contrato que duraba 15 años y que expiró en 2016.

Es un servicio esencial del municipio, pero va a seguir en manos de Geaser durante más tiempo. Urbaser recurrió la decisión del Pleno de junio de 2022, pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó el recurso de la empresa en una sentencia de 3 de noviembre de 2022, pero que vio la luz mediática el 10 de noviembre.

Aquí es donde aparece Miguel Ángel Díez, el funcionario del Servicio de Mantenimiento de Carreteras detenido en la redada del pasado 22 de febrero y que sigue en prisión preventiva. Y es que al día siguiente de que se conociera la sentencia tuvo una llamada con José Saiz, gerente de La Encina, para pedirle que siguiera de cerca la situación de ese contrato. Y es que a través de esa empresa o de Cannor, que forma parte también de La Encina, podría optar a conseguirlo.

Ninguna de las dos empresas estaban en la pugna por este contrato. Pero la decisión judicial de noviembre vuelve a poner el contador a cero. Ahora que las elecciones municipales están tan cerca, tendrá que ser el próximo Ejecutivo el que tenga que volver a comenzar el proceso.

En la conversación telefónica, recogida en el sumario del caso, consultado por EL FARADIO, Díez hacía referencia a la anterior adjudicación, aseverando que fue posible gracias a que se había «comprado» a un concejal del PRC.  Sin embargo, las fechas no cuadran. El funcionario de Obras Públicas se refiere a los años 2018 y 2019, pero ahí no se produjo la adjudicación, sino mucho antes (2006).

Ambos hablan telefónicamente del «lío» que se ha formado en Camargo por esa adjudicación que al final no se ha producido, y el funcionario insta al empresario a enterarse bien de lo que ha sucedido, porque lo considera «el amo en esos ámbitos», quedando evidenciada la complicidad entre ambos.

En la conversación, Díez habla de petición de dimisión de la alcaldesa y de alguna empresa exponiéndose demasiado, toda vez que la prensa había publicado ya la información de que Urbaser no obtenía el contrato. Predisponía a su interlocutor para que se pusiera ojo avizor y tratara de llevarse otro contrato importante, como venía siendo costumbre en los últimos años.