Ecologistas en Acción Cantabria ha llevado en 2022 a los tribunales un total de 14 asuntos en los que ha visto infracciones o ataques al medio ambiente.

En detalle, en el ámbito penal destaca los casos relativos a la empresa Sniace, el primero por un delito medioambiental por incumplimiento reiterado de la normativa Seveso que obliga a las empresas a la prevención de accidentes graves en sus instalaciones y, el segundo, por otro delito medioambiental por vertidos directos durante dos años al río Saja.

Este último asunto se inició con una denuncia en el año 2008, de modo que se lleva 15 años buscando una sentencia contra los vertidos al río Saja, sin que la administración de justicia haya finalizado su trabajo. Aunque se han dictado ya dos sentencias condenatorias para el Consejo de Administración de Sniace, los condenados han recurrido de nuevo la última la sentencia, recurso que deberá resolver la Audiencia Provincial de Cantabria.

La temática de los contenciosos administrativos es variada. Por una parte, los relativos a las instalaciones portuarias como es el caso del puerto deportivo de San Vicente, el embarcadero en el río Cubas y la ampliación del Puerto de Raos sobre un humedal.

En el primer caso, la sentencia del TSJ de Cantabria que les ha dado la razón y dictamina la no construcción del puerto deportivo, ha sido recurrida ante Tribunal Supremo por el gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

En el caso de la Ría de Cubas, el tribunal ha aceptado las medidas cautelares que pedían con el fin de paralizar las obras, mientras no se dictara la sentencia.

Y en el caso del puerto de Raos, el TSJ también ha aceptado la paralización de las obras por afectar a hábitats de la Red Natura; a pesar de ello, la Autoridad Portuaria ha desobedecido dicho Auto, hecho que está denunciado ante el TSJ y pendiente de resolución.

En la actividad extractiva tienen dos asuntos vivos, el cierre de la cantera ilegal de Laherrán en Piélagos y las ilegalidades en la cantera de Santullán en Castro Urdiales. En el primer caso no hay novedades, pero en el caso de la cantera de Santullán, el tribunal ha dictado recientemente sentencia ordenando a la Consejería de Industria abrir expediente sancionador a la empresa que explota la cantera por incumplimiento de su Plan de Restauración.

Con respecto al lobo tienen activo un contencioso administrativo contra la caza del lobo, en fase inicial.

URBANISMO

En el ámbito del urbanismo existen 5 contenciosos abiertos contra los ayuntamientos de Santiurde de Toranzo por la ilegalidad de actividades industriales sobre terreno del Lic Río Pas, contra el ayuntamiento de San Vicente de la Barquera por el funcionamiento sin licencias del campo de golf en Gandarilla, contra el ayuntamiento de Bárcena de Cicero por la plantación de un eucaliptal en suelo protegido, contra el Ayuntamiento de Suances por la proliferación de los aperos de labranza, así como otro contra el gobierno de Cantabria por inactividad en el caso del aparcamiento ilegal en la playa de Prellezo.

En el primer caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictado una sentencia por la que anula definitivamente la modificación puntual de las NNSS del municipio aprobada en marzo de 2017.La modificación consiste en la reclasificación de suelo rústico en suelo urbanizable de uso industrial para legalizar y ampliar las instalaciones de MADERAS SAIZ S. L. Esta sentencia ha sido recurrida por el ayuntamiento de Toranzo y la empresa ante el Tribunal Supremo.

Para finalizar, y en materia de información ambiental, tienen dos contenciosos, uno contra el ayuntamiento de Suances, que, una vez denunciado judicialmente, ha revocado su decisión de cobro abusivo de unas fotocopias a nuestra asociación, y otro contra el gobierno de Cantabria, por denegación de información ambiental relativa a varios temas, entre otros, las turberas de la Sierra del Escudo.

Al igual que en Cantabria, la Confederación estatal Ecologistas en Acción, ha tramitado en 2022, en todo el conjunto de España, ante los tribunales un total de 306 casos para la protección del medio ambiente, cifra superior a la de 2021 en que fueron 286 o a la de 2020 en que fueron 244.

De los 306 asuntos que Ecologistas en Acción tiene en diferentes tribunales, desde el punto de vista territorial, 95 corresponden a Andalucía, 60 a Castilla y León, 19 a Madrid, 22 a Murcia, 26 a Catalunya, 14 a Cantabria, 16 a Castilla-La Mancha, 17 a Extremadura, 12 a Aragón, 10 al País Valencià, 4 a Galicia, 6 a Euskadi, 7 a Canarias, 1 a Navarra, 1 a Melilla y 17 son de ámbito estatal.