Las políticas desarrolladas desde la cooperación al desarrollo en Cantabria han contribuido a ayudar a 3,5 millones de personas, con la inversión total de 11 millones de euros.

Es un dato que aflora en la evaluación externa de las políticas de cooperación en Cantabria, marcado por el II Plan Director y con la mirada puesta en la agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas contra la pobreza, el cambio climático y las desigualdades de género. 

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, asiste al Pleno del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. 29 de noviembre de 2022

Con la elaboración del Plan Director lo que se buscaba era una mayor coordinación, es decir, que en lugar de  financiar proyectos dispersos se pasase a tejer una estrategia dotada presupuestariamente y en colaboración con todos los agentes implicados en Cooperación, con el reto de “dejar huella en el largo plazo».

Igualmente, esta labor de coordinación ha sido también efectiva a la hora de articular las actuaciones en torno a los ejes que se establecieron como prioritarios: Personas, Gobernanza Democrática y Derechos Humanos, Desarrollo Económico y Social Sostenible y Medio Ambiente.

Los presupuestos han pasado de 1,9 millones de euros de 2018 a los 2,7 de 2022. Y, en detalle, entre 2019 y 2021, en los proyectos presentados a las convocatorias el enfoque basado en derechos aumentó un 25%, el de equidad y empoderamiento de las mujeres un 44% y el enfoque en sostenibilidad ambiental creció un 48%.

El área de género recibió en el período de vigencia del II Plan Director 616.500 euros y benefició a 67.171 personas; la ayuda humanitaria ascendió a 1,9 millones de euros y alcanzó a casi dos millones de beneficiarios; la cooperación internacional se situó en 7,1 millones y benefició a 575.434 personas; y en educación para desarrollo, de 1,4 millones euros con casi un millón de beneficiarios. 

ALIMENTACIÓN, TRABAJO O AGUA

Derechos básicos como la alimentación, el trabajo o el acceso al agua potable se han visto reforzado en los últimos años como consecuencia de las políticas de cooperación al desarrollo impulsadas desde Cantabria y marcadas por su II Plan Director.

Desde la premisa de que “vivimos en una era que nos vincula más que nunca con los hechos que suceden a miles de kilómetros de distancia”, y de que, por tanto, “en un mundo globalizado, no podemos mirar hacia otro lado”, los proyectos desarrollados en los últimos cinco años en el marco del II Plan Director están enfocados esencialmente en dar posibilidades a estas personas a nivel legal, material o de capacitación, para que puedan ejercer sus derechos en plenitud sin depender para siempre de la ayuda humanitaria.

Gracias a ello, se han llevado a cabo iniciativas que han beneficiado a 575.434 personas en las áreas geográficas prioritarias señaladas por el ll Plan Director y específicamente en aquellos países donde los gobiernos no cumplen con sus obligaciones de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, de la mano de las organizaciones que han resultado adjudicatarias de ayudas convocadas desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, con un presupuesto acumulado de 2018 a 2022 de 7,1 millones de euros. 

Con estas cantidades se han apoyado 84 proyectos en 22 países.

Por ejemplo, se han hecho importantes esfuerzos en mejorar el acceso a la educación de niños y niñas de familias sin recursos, construyendo o ampliando escuelas, reforzando al profesorado o dotando a los niños del material básico para que puedan desarrollar sus estudios en condiciones de salubridad y de igualdad de género en zonas empobrecidas de Nicaragua, Chad, Togo, República Democrática del Congo, Benin o Marruecos, entre otros. 

La defensa de los Derechos Humanos en sentido amplio es la piedra angular del área de Cooperación Internacional al Desarrollo y así, en el listado de proyectos realizados desde 2018 pueden encontrarse actuaciones encaminadas a proteger a las personas que los defienden en situaciones de grave conflictividad o en lugares donde no está garantizada la libertad de expresión, asociación o protesta social pacífica.

También se ha trabajado por los derechos de acceso a la alimentación y a la salud en comunidades empobrecidas que los ven vulnerados, a través de proyectos que se han ejecutado en El Salvador, Guinea Bissau, Honduras, Camerún o República Dominicana, donde se han construido o dotado consultorios de atención primaria y centros de urgencias, se ha formado al personal sanitario o se ha reforzado el papel de la oficina del paciente, según el caso.

El acceso al trabajo digno también ha sido el objetivo de algunas de las iniciativas desarrolladas durante el último período, que han estado especialmente enfocadas a mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos y mejorar las condiciones de subsistencia de poblaciones indígenas en Nicaragua, República Dominicana y Guatemala.

Igualmente, el acceso a agua potable y saneamiento es esencial para el desarrollo humano y su vulneración es una de las principales causas de pobreza. Para paliar esta realidad se han puesto en marcha iniciativas en comunidades sin recursos de Bolivia, Perú, Guinea Bissau, Palestina y Mauritania, donde los proyectos han tenido un impacto derivado también en la mejora de la salud y el fortalecimiento de las comunidades de acogida.