Las dos personas, defendidas por el abogado Fabian Valero, del despacho vigués Zeres Abogados, son antiguas componentes de la Unidad de Promoción y Desarrollo Regional que fueron declaradas personal laboral Indefinido No Fijo por sentencia judicial en 2016 tras haber estado contratadas en fraude de ley y haber sufrido situación de cesión ilegal de trabajadores dentro de la administración regional.

Entre agosto y septiembre de 2022, las dos trabajadoras fueron «cesadas» de los puestos a las que habían sido adscritas al tomar posesión de los mismos los funcionarios que ocuparon la plaza. Los despidos fueron indemnizados con únicamente 20 días por año trabajado, una decisión que en ese momento función pública ya conocía que contraviene la doctrina fijada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que considera despido improcedente el pretendido «cese» en plaza de funcionario de cualquier persona con relación de carácter laboral con la administración pública que haya sido calificada previamente con Indefinido No Fijo.

Está sentencia del juzgado de lo social sigue el razonamiento fijado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en las cuatro sentencias dictadas en 2022 para los casos idénticos de seis de sus excompañeros de trabajo en el EMCAN; en las cuales también se declaró la improcedencia de sus despidos condenando al Ejecutivo cántabro a indemnizar a los demandantes con 33 días por año trabajado. Superando ahora la suma conjunta de las indemnizaciones de los ocho trabajadores los 450.000 euros.

El Gobierno de Cantabria acaba de recurrir la sentencia ante el TSJ de Cantabria en lo que creen que «parece de nuevo una estrategia dirigida únicamente al castigo de los demandantes para intentar retrasar lo máximo posible el cobro de sus indemnizaciones, a la vez que aumentar sus gastos en el proceso, aprovechando los recursos de la maquinaria jurídica pública», pues en este último recurso de suplicación presentado los abogados del gobierno ni siquiera citan en su defensa la sentencia del TSJ de Extremadura utilizada para el recurso de casación elaborado en contra de las sentencias de sus compañeros.

«Lo que deja bien a las claras la intención de las decisiones tomadas desde Peña Herbosa, que no coinciden precisamente con la decisión de no recurrir tomada con anterioridad en el caso de la demanda planteada por la actual directora general de Fondos Europeos», añaden.

Todo ello, desoyendo la petición realizada por la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Gobierno de Cantabria que el pasado enero solicitó públicamente al ejecutivo que desistiese de estos recursos planteados «para no alargar más la agonía de estos trabajadores», en lo que a su juicio supone «un agravio y un maltrato que se une a la dolorosa pérdida de sus empleos en los que llevaban una media de 20 años».