El próximo sábado, 15 de abril a las 12:30 horas organizaciones feministas de todo el Estado se citarán en Valladolid en una gran concentración para reivindicar el derecho efectivo al aborto y su realización en el sistema sanitario público.

Una reivindicación a la que se suma la Comisión 8 de Marzo en Cantabria, que además llama la atención sobre como las mujeres de la comunidad tienen que trasladarse a Valladolid o a Madrid para realizar un aborto quirúrgico.

Charo Quintana y Ana Bolado, de la Comisión 8 de Marzo

Lo que reclaman, en definitiva, es que se cumpla la Ley de febrero de 2023 que modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010 y que insiste en la obligación de las administraciones públicas de garantizar la prestación en los centros sanitarios de acuerdo a criterios de accesibilidad y proximidad.

Tal y como recordaban en rueda de prensa representantes de la Comisión 8 de Marzo, que aglutina a distintos colectivos feministas en Cantabria, la interrupción del embarazo se despenalizó en España hace 38 años en casos de violación, anomalías fetales o enfermedades maternas

Y en el año 2010, se aprobó la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo que reconocía el derecho a la interrupción del embarazo a petición de la mujer hasta las catorce semanas de gestación, hasta la 22 semana por riesgo para la embarazada o graves anomalías en el feto y, a partir de la 22 semana, cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando un Comité Clínico confirma una enfermedad fetal extremadamente grave e incurable.

En 2013, Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Partido Popular, intentó modificar esta ley y prohibir el aborto en el supuesto de graves anomalías en el feto. Esta restricción inaceptable recibió una gran contestación que culminó el 1 de febrero de 2014 con una gran manifestación en Madrid: “el tren de la libertad”, que obligó al ministro a dimitir.

No obstante, alertan de que a lo largo de estos años el acceso efectivo a la interrupción del embarazo se ha visto “continuamente dificultado”, dándose cuestiones como la inexistencia en muchas Comunidades de información sobre dónde acudir para solicitar la prestación, no realización de abortos en hospitales públicos, incluso en casos de diagnóstico de anomalías fetales en embarazos avanzados, necesidad de desplazarse a otra provincia o región para acudir a una clínica concertada, violencia ejercida a las puertas de estas clínicas por organizaciones de ultraderecha, etc.

A estas dificultades, se ha añadido recientemente la propuesta de García Gallardo (el vicepresidenta de Castilla-León, de Vox) de hacer escuchar a las mujeres que solicitan un aborto, el latido fetal o ver al embrión o feto mediante ecografía 4D, como se hace en Hungría y en algunos estados de Estados Unidos.

“Esta vulneración del derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo no es una ocurrencia de Vox sino que forma parte de una ofensiva fundamentalista, de una estrategia internacional de la extrema derecha de ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, señalaban.

Ante esta situación, la manifestación en Valladolid que convoca la Comisión 8 de marzo de Cantabria, junto con otras muchas organizaciones de todo el País, por iniciativa del Movimiento Feminista de Castilla y León, reivindica la eliminación de todos los obstáculos existentes para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria de embarazo y su realización en el sistema sanitario público, sin derivaciones a clínicas concertadas, ni desplazamientos fuera del lugar de residencia.