El día de la redada en la sede de la Consejería de Obras Públicas, que se saldó con la detención de Miguel Ángel Díez Barrio, funcionario jefe de Servicio de Carreteras, también hubo registros por parte de la UDEF y la Agencia Tributaria en empresas adjudicatarias de trabajos en base a sus informes y labor de coordinación en las licitaciones, fundamentalmente RUCECAN, LA ENCINA-CANNOR y API MOVILIDAD.

Y en esos registros, tal y como consta en el sumario de la operación SURICATS-SÉSAMO que lleva contando desde el último mes EL FARADIO, la policía encontró desde importantes cantidades de dinero en efectivo hasta registros manuscritos con lo que recibía el funcionario.

Así, junto a facturas a la Consejería emitidas por la empresa de José Saiz, dueño de LA ENCINA y otras empresas como CANNOR, en las sedes empresariales aparecieron hojas manuscritas que reflejaban distintos movimientos económicos.

Además, aparecieron varios presupuestos de LA ENCINA a RUCECAN, otra de las empresas investigadas. En las conversaciones del sumario, el funcionario las pone en contacto entre sí en varias ocasiones y las anima a llegar a acuerdos entre ellas. La misma investigación judicial reseña la práctica común de que, en las licitaciones, la empresa que conseguía la obra podía contratar o alquilar servicios, maquinaria, etc… a la que no había logrado la adjudicación.

Asimismo, en el domicilio de José Saiz, de LA ENCINA, se encontraron 24.120 euros. Y en otro de los registros, a José Luis Blanco, de API MOVILIDAD, aparecieron 17.420 euros.

«MIGUEL ÁNGEL»

En otros folios descubiertos en el registro, aparecen distintas anotaciones bajo el epígrafe “Miguel Ángel” (el nombre del funcionario): en uno se detallan sueldos brutos y netos, seguridad social y coste de la empresa; en otro, se observa la cantidad 96.060 euros, además de constar cantidades redondeadas (en unas se indica “pago”, en otras “factura”) con detalle de la fecha hasta que se alcanza la cantidad de cero, a fecha 24 de mayo de 2021.

También se consiga un «entrega a cuenta mayo» por importe de 10.000 euros, incluso una carpeta específica con la denominación de Consejería de Obras Públicas en cuyo interior se recopilaban facturas, anotaciones manuscritas y relación de sueldos de la empresa.

Los investigadores apuntan, matizando que pendiente de un estudio más exhaustivo, a que estas cifras puedan corresponderse con pagos de José Saiz, de LA ENCINA, al funcionario Miguel Ángel Díez Barrio.

Asimismo, constan anotaciones con referencias a pagos a otras empresas como API MOVILIDAD, a otras que hasta entonces no habían aparecido en los papeles como TAMISA, pero también distintos pagos bajo el concepto Imprenta, por cifras como 25.000 euros en enero y febrero, 21.775 entre marzo y junio, y 16.098 entre julio y septiembre.

La anotación, bajo la denominación Imprenta, no especifica si se refiere a trabajos de imprenta general o si son los pagos que los investigadores del caso han detectado que hacían las empresas adjudicatarias a Parivara Lagari, la copistería administrada por la mujer y las hijas del funcionario (sin que llegara a constar trabajo real por su parte, pero desde la que se emitían facturas a empresas adjudicatarias de Carreteras o vinculadas indirectamente a sus dueños, o que incluso llegó a comprar alguna sociedad de los empresarios para poder participar en los beneficios).

Las nóminas de la mujer del funcionario también aparecieron en ese registro, así como de la hija o de la propia copistería.

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