Podemos-Izquierda Unida aprobará una Ley de Vivienda autonómica que “atacará de frente el indecente número de viviendas turísticas en Cantabria, más alto que el de País Vasco y Navarra combinados”, según afirman las candidatas de la coalición, Mónica Rodero y Carmen Martín.

Mónica Rodero, candidata de la coalición a la Presidencia de Cantabria, ha afirmado: “la vivienda debe incentivarse como derecho, no como negocio. El acceso a la vivienda debe ser seguro y asequible para todas las personas. No vamos a tolerar que impere la ley de la selva”.

Carmen Martín, número dos, ha señalado que “son los más vulnerables los que están pagando la cortedad de miras de los sucesivos gobiernos. De un modo u otro, la vivienda, y en especial la turística, debe regularse. De nada sirve la denuncia sin contenido o las buenas palabras a las que nos tienen acostumbrados, particularmente el PSOE”. Ambas han coincidido en la necesidad de impedir la discriminación por clase o profesión en el acceso al alquiler.

Las candidatas recalcan que, según estudios recientes, un 83% de los españoles y españolas considera el de la vivienda y las dificultades para su acceso como un problema de primer orden. Además, dos de cada diez personas menores de 35 años viven en casa de sus familiares. Casi seis de cada diez personas entre 18 y 24 años están en casa de sus padres. Casi la mitad de las personas dedican entre un 30 y un 50 por ciento de sus ingresos a cubrir lo que es un derecho. “Es dramático”, afirman, “las Administraciones que no reaccionan ante ello están tomando partido en contra de la gente”.

Por eso, han explicado, es importante que las fuerzas progresistas hayan llegado a un acuerdo para sacar adelante la primera Ley de Vivienda, que redefine los grandes tenedores, crea índices de referencia, prohíbe los abusos a inquilinos; por ejemplo, regula que los honorarios de agencia los pague quien contrata el servicio. Sin embargo, advierte Martín, “las competencias en vivienda quedan en manos de las Comunidades Autónomas”. “Es vital”, afirma Rodero con rotundidad, “dotarnos de una fuerza en el Parlamento que se asegure de que esta ley nos ponga a la vanguardia de España en términos de regulación”.

Cuando lleguen al Parlamento, ha expresado Rodero, “aprobaremos con la mayor urgencia, durante el primer año, una Ley de Vivienda que vaya en esta línea y contemple los compromisos adquiridos con la PAH Santander-Cantabria, entre ellos que se garantice el 2.5% del presupuesto de la Comunidad para la Consejería de Vivienda, que se cree una Agencia Inmobiliaria Pública en Cantabria con competencias para proteger a los arrendadores y que se regulen los precios de alquiler en toda Cantabria”.

“Y no nos quedaremos ahí”, defiende Martín, “debemos ir también hacia la limitación de la compra de segundas viviendas a no residentes, como manera de luchar contra la especulación; a la vinculación de los precios máximos de alquiler en zonas tensionadas a los ingresos de los hogares; a la creación de bolsas de vivienda vacía en los municipios; a la rehabilitación de edificios en desuso…”

Entre las medidas que plantean, desgranan un impuesto a viviendas vacías; la limitación del precio de los alquileres; el endurecimiento de las sanciones al alquiler turístico ilegal y la dotación de recursos ainspección; la creación de un censo de viviendas vacías en cada municipio; y la creación de oficinas de vivienda para la defensa y asesoramiento general de compradores y arrendatarios.

“Los ciudadanos y ciudadanas viven bajo una desprotección intolerable que es responsabilidad de las Administraciones”, han sentenciado, “y, a partir del 28 de mayo, gracias a nuestro peso en el Parlamento, nos aseguraremos de que los derechos se apuntalen y se amplíen. Basta ya de irresponsabilidad”.