La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria acoge desde martes un juicio por trata de seres humanos en el que se juzga a seis personas acusadas de prostituir a una joven venida de Colombia.

Según el escrito de la fiscalía, los acusados “realizaban diversas actividades relacionadas con la prostitución en pisos particulares usados como casas de citas”.

Con la intención de aumentar el negocio y bajo la dirección de una de las acusadas, madre de dos hombres también acusados, decidieron conseguir más chicas jóvenes “para explotarlas sexualmente y lucrarse con dicha actividad”.

Con esta finalidad, señala la fiscalía que una de las chicas que ejercía la prostitución en uno de esos pisos –también acusada- contactó a través de redes sociales con una joven de 19 años a la que conocía de la infancia, que residía en Colombia y tenía un bebé de cuatro meses “y una situación de absoluta necesidad económica”.

Dice el escrito de acusación que le ofreció buscarle trabajo en una cafetería o cuidando ancianos para poder así ganarse la vida y mandar dinero a su hija; y que le manifestó que le sacaría un billete de avión y dinero para los primeros gastos, “ocultándole deliberadamente que en realidad se dedicaría a la prostitución”.

La mujer convenció a la joven, y otra de las acusadas –nuera de la mujer que dirigía los pisos- le sacó un billete de avión. Cuando llegó a Madrid, fue recogida por un hombre y llevada a Torrelavega en taxi, donde le retiraron el teléfono móvil.

Después, indica el ministerio público que fue llevada a una casa de citas en Santander, donde se encontraba la mujer que contactó con ella, otra chica más que ejercía la prostitución y la encargada del piso–también acusada-, que era familiar de la mujer que dirigía todos los pisos.

Tras dos días en la casa sin salir a la calle porque podía ser detenida, llegó la encargada de los pisos, que pasaba semanalmente a recoger el dinero recaudado, y le dijo que tenía que prostituirse hasta abonar la deuda de 5.000 euros que había contraído con ellos por traerla a España.

“La testigo se negó pero ante la ausencia de cualquier posibilidad de recibir ayuda así como de amenazas que le vertían, accedió a practicar la prostitución, marcándole la casa los precios así como concertando la casa las citas a través de anuncios subidos a una página web”, añade.

Afirma la fiscalía en su escrito que la joven prestaba servicios sexuales 24 horas al día y 7 días a la semana; solo se le permitía salir una hora al día y siempre acompañada; y de lo que obtenía por el ejercicio de la prostitución, la mujer que dirigía los pisos se quedaba con la mitad y de la otra mitad le entregaban 30 euros semanales, destinando el resto “a pagar la supuesta deuda contraída en el viaje”.

Continúa el relato del escrito de acusación fiscal que la joven aprovechó un día que pudo salir sola para abordar a un viandante, a quien le contó lo sucedido y desde la casa de este llamaron a la policía.

Una vez incoado el procedimiento judicial, uno de los hijos de la mujer que dirigía los pisos averiguó el paradero de la joven y le pidió entre amenazas que retirara la denuncia.

Para el ministerio fiscal, los hechos descritos constituyen un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de determinación a la prostitución, y también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

SEIS ACUSADOS

Todos estos delitos son imputados a los seis acusados, y merecen una pena para cada uno de ellos de ocho años de prisión, prohibición de acercarse o comunicar con la joven durante diez años y libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión de cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que abonen de manera conjunta y solidaria a la joven 25.000 euros como indemnización por los daños personales que padeció.

Junto a ello, para el acusado que pidió a la joven que retirara la denuncia, la fiscalía pide dos años de prisión al considerarle autor de un delito contra la administración de justicia.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la joven pide para cada uno de ellos nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicar y acercarse a ella durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnización solicitada por la joven asciende a 30.000 euros.

Además, para el también acusado de un delito contra la administración de justicia, la pena solicitada por la acusación particular se eleva a tres años de prisión.

Finalmente, la defensa de la mujer que supuestamente dirigía las casas de citas manifiesta en su escrito que la denunciante se trasladó a España “de forma no solo voluntaria sino plenamente sabedora y consciente de la actividad que desarrollaría”, tal y como lo manifestó “a su entorno de amistades”.

Y continúa señalando que la única participación de los hechos de su defendida “lo ha sido en su condición de arrendataria de la vivienda que ocupaban tanto ella como otras chicas, las cuales, habida cuenta de su situación no regularizada en España y de la falta de ingresos estables que les impedía acceder a un contrato de alquiler”.