||por JAVIER GÓMEZ GARZÓN, que forma parte de los grupos de apoyo a Carlota creados en redes sociales||

Casi 6 años han pasado desde que en la noche del 4 de noviembre de 2017 la concursante de Gran Hermano 18, Carlota Prado, sufrió un abuso sexual por parte de otro participante, José María López, durante el programa. El programa no solo no intervino para evitar el hecho, sino que tardó horas en informar a la joven de lo ocurrido aquella noche, mostrándole las imágenes del suceso sin ofrecerle ningún tipo de apoyo psicológico ni aviso previo sobre la dureza que aquellas imágenes que iba a visualizar podían tener.

La sentencia, hecha pública el pasado 14 de abril, ha causado gran indignación entre la opinión pública y las asociaciones feministas por ser una condena excesivamente leve. Esta condena habría sido muy diferente si en el momento de los hechos hubiera estado en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida por la «ley de solo sí es sí», que habría sido menos permisiva con José María al tipificar el abuso sexual como delito de agresión sexual. De hecho, la jueza reconoce en la sentencia que la ley que se ha aplicado es más ventajosa que la actual.

En la sentencia se condena a José María López a una pena de 15 meses de prisión que no se aplicará debido a que no tiene antecedentes penales. También se le condena a pagar una indemnización de 6000 euros a Carlota Prado y se le impone una orden de alejamiento durante 4 años. Además, se condena a la productora del programa, Zeppelin TV, a pagar una indemnización de 1000 euros por daños morales.

En mi opinión, la sentencia ignora el contexto en el que se produjo el hecho. No es lo mismo que el abuso sexual ocurra en un domicilio privado, donde las víctimas tienen garantizada cierta privacidad y es más fácil recuperarse y volver a la normalidad, que en un programa de televisión con gran audiencia, donde millones de personas están al tanto de lo sucedido y opinan sobre el caso, en muchos casos culpando a la víctima en lugar de al agresor. Además, dudo que con la suma de las dos indemnizaciones se cubra el costo del tratamiento psicológico y psiquiátrico que Carlota ha estado recibiendo todos estos años.

La sentencia, tanto en su contenido como en el retraso en la celebración del juicio hasta la publicación de la sentencia, supone un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género y envía un mensaje desalentador a las mujeres que sufren este tipo de agresiones, ya que ven que la justicia tarda años en hacerse realidad. Por ello, es necesario revisar el marco legal y formar adecuadamente a los jueces y funcionarios públicos que trabajan con víctimas de violencia de género para garantizar una protección efectiva y una reparación justa a las víctimas. Asimismo, es imprescindible que los medios de comunicación asuman su responsabilidad social y ética y no contribuyan a revictimizar ni a banalizar este tipo de hechos.