Las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria han convocado este jueves a las 19.00 horas frente a Delegación de Gobierno una concentración en protesta porque el consentimiento en las relaciones pierda protagonismo en la reforma de la Ley de Libertad Sexual (la Ley del Sólo Sí es Sí, cuya reforma se debate este mismo jueves con pacto previo entre PP y PSOE ).

El colectivo suscribe un manifiesto que firman más de 200 grupos feministas y colectivos sociales en el que se recuerda como en el 2018 “ salimos a la calle  por el caso de la manada  al grito “no es abuso, es violación”,  y “yo si te creo”, denunciando que en las violencias sexuales se juzgaba el comportamiento y la credibilidad de la mujer y se ponía en cuestión su consentimiento”.

“Era un caso entre muchos más, en el que en las violencias sexuales  se cuestionaba a la víctima, se realizaba un juicio mediático a la vida previa y posterior de la mujer y se dudaba de su  testimonio”, señalaban, incidiendo en que lo que se pretendía era que “se cambiara el foco  de la víctima y se pusiera en el agresor”.

La esencia de la reclamación del tratamiento de la Justicia de las agresiones y que reflejó al reforma de la Ley fue que se basara en el consentimiento de las mujeres en las relaciones, y no sólo en la existencia de violencia y/o intimidación: “probar la violencia y la intimidación es infernal y tremendamente complicado”. “Esto además hace que haya que enfocar todo el procedimiento en preguntar a la víctima, mediante una inquisición jurídica, qué es lo que hizo violenta la agresión”, argumentan, valorando el “avance” y “cambio de paradigma” que supuso precisamente por eso la Ley de Libertad Sexual.

Porque como señala el manifiesto suscrito por más de 200 grupos feministas y colectivos sociales, “el consentimiento es una expresión afirmativa, consciente, voluntaria y reversible y su inexistencia implica delito de agresión sexual”, de modo que “supone comprender la sexualidad como una relación entre personas libres que consienten, con capacidad de elección y en igualdad de derechos.”

Por eso, consideran que la “contrarreforma del PSOE supone una marcha atrás, al eliminar la centralidad del consentimiento como elemento de definición de los delitos contra la libertad sexual”.  “Reintroducir la distinción entre agresiones sexuales cometidas con o sin violencia e intimidación es volver al modelo anterior, al que distinguía entre abuso y violación. Nuevamente se pone el foco en la víctima, en la resistencia que opuso, en si fue suficiente o no, en demostrar que no consintió en su comportamiento”, critican.

Además, reflexionan sobre “por qué los partidos políticos en lugar de preocuparse por las políticas públicas para atajar las violencias sexuales,  focalizando el problema en las mujeres y sus derechos, se ha pasado a que el problema sea el aumento de las penas en el Código Penal, instaurando la idea de que un agravamiento de las penas va a traer consigo una reducción de la criminalidad”.

“Hay suficientes evidencias que demuestran que penas más altas en el Código Penal no implican mayor protección contra las violencias sexuales, máxime en un país que tiene las penas más altas de Europa, además de suponer un fracaso de las políticas en prevención de la violencia”, apuntan.

Y llaman la atención sobre como el marco punitivista (centrar las medidas estrictamente en el tratamiento de las penas) “daña también a las mujeres doblemente, porque deposita la confianza de su seguridad en el Código Penal y desencadena los efectos del discurso del pánico sexual”, que a lo largo de la historia ha acabado siendo un instrumento de control de las mujeres: “el miedo y la inseguridad que produce pensar que los violadores salen de la cárcel refuerzan las narrativas del peligro sexual y dan coherencia a las políticas de mayor control social y sexual, de restricción de movimientos y autonomía de las mujeres”.

Advierten de que “se está creando una alarma social quea la par que trata de eliminar el consentimiento como el elemento definitorio de la violencia sexual, está dando lugar a una carrera por implementar un  populismo punitivo  basado en la subida de penas, que está desviando el centro de las causas que provocan las violencias sexuales,  así como de la necesidad de políticas públicas que vayan a la raíz de las desigualdades que  generan las violencias que sufrimos.”

El manifiesto concluye exigiendo

• Que el consentimiento siga siendo el eje vertebrador de esta Ley, evitando que las mujeres tengan que demostrar que ha habido violencia y/o intimidación.
• Que se ponga  a las mujeres en el centro con sus necesidades y ritmos, al mismo tiempo que se  garantice su protección y recuperación.
• Una justicia  feminista que se base en los principios de verdad, justifica, reparación y garantías de no repetición, que no se centre exclusivamente en la vía carcelaria.