La Plataforma por el turno de oficio en Cantabria ha calificado de “precaria, insuficiente y tardía” el anuncio de la subida de retribuciones para este colectivo, que se encarga de la asistencia gratuita a las personas con dificultades para conseguir representación legal y cuyos gastos, los de los abogados, corren a cargo del Gobierno de Cantabria (Consejería de Presidencia).

Según han recogido los medios, la subida anunciada por el Gobierno autonómico es de un 20%.

Tal y como reivindica la plataforma, “los letrados del Turno de oficio prestamos un servicio público esencial y la subida supone un nuevo capítulo en la lista de agravios y menosprecios al colectivo de letrados del Turno de Oficio y la indispensable labor que desempeñamos”.

De hecho, matizan el anuncio indicando que la subida “indigna” ya se había anunciado en 2020, por lo que en realidad se aprueba con tres años de retraso (antes de la escalada inflacionista), por tanto, “se nos presentan unos baremos considerando un hito histórico lo que no son sino unas cifras absolutamente caducas y desfasadas”.

Además, precisan que el decreto que se somete a aprobación que no recoge las principales demandas y reivindicaciones del colectivo, ni siquiera las que fueron planteadas en fase de alegaciones y que han sido todas rechazadas “de plano”.

Así, se continúa sin tener retribución por muchas de las actuaciones que se realizan, continuando con la transmisión de toda la carga administrativa para los letrados.

Comparando con otros lugares, detallan que el gasto por habitante en Justicia en Cantabria, que asciende a un 5,3% nos sitúa un 15% por debajo de la media nacional, y “muy muy” por debajo de otras comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña o Baleares.

Los abogados del turno de oficio tienen claro que se trata de un “parche electoral para acallar la indignación del sector”, pues “no resulta casual la aparición de esta medida absolutamente precaria justo el día que comienzan las concentraciones en todo el país reivindicando dignidad a la hora de tratar un servicio público esencial que con esta medida sigue siendo maltratado”.

Asimismo, advierten de que “no se comparte tampoco la moderada alegría con que ha sido recibida la noticia por nuestro Colegio Profesional (el Colegio de la Abogacía), pues no existe avance significativo alguno, ni nada de lo que felicitarse”, y solicitan una reunión urgente con la consejera.