Los universitarios se movilizan en defensa de las cafeterías de las facultades
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cantabria, junto a la cafetería de derecho y económicas han iniciado el pasado lunes una recogida de firmas con el objetivo de reabrir la cafetería de telecomunicaciones, mantener las actuales y mejorar las condiciones de la concesión de cafeterías.
A principios de 2023, la cafetería de telecomunicaciones puso fin a su actividad tras más de 25 años «siendo un espacio de convivencia y socialización fundamental en el campus universitario». El inicio del curso académico 2023-2024, explican los alumnos, también estará marcado por el cierre de otra cafetería del campus, en este caso la de derecho y económicas.
El grupo de estudiantes que está llevando a cabo la recogida de firmas considera «indignante» la situación en la que se encuentra este servicio por las precarias condiciones que presenta la concesión, ligada al IPC y diferente en función de cada cafetería, lo que, según los propios estudiantes, «puede suponer competencia desleal inducida por la universidad».
El cierre de estos espacios se debe al elevado coste que deben afrontar de forma mensual, incluyéndose el pago base, luz, gas y agua, entre otros. En algunos casos, está suponiendo pérdidas de hasta 2.000 euros al mes, lo que está provocando, despidos y mayor precariedad.
Además, han explicado que durante el Covid-19, las cafeterías estuvieron pagando prácticamente la totalidad del alquiler, época en la que la actividad universitaria se encontraba paralizada. Tras la vuelta de la presencialidad, la situación no ha mejorado, extendiendo el problema con el que se encontraban.
Debido a esta situación los estudiantes han presentado este miércoles un escrito en el rectorado, instando al rector de la universidad a considerar a las cafeterías como servicio esencial y solicitando mejoras en la concesión. Entre las demandas, se incluye la reapertura de la cafetería de telecomunicaciones, el mantenimiento de la cafetería de derecho y económicas, la modificación del contrato de concesión para fijar un precio tope y único y una bajada de renta los días de poca actividad universitaria.
Mientras tanto, los estudiantes siguen recogiendo firmas con el objetivo de obtener el mayor respaldo y apoyo social posible. En 3 días, han alcanzado las 500 firmas tanto de forma presencial como online. El objetivo, según fuentes del propio grupo, es alcanzar la cifra de 4.000 firmas y, en caso de no obtener resultados con el rector de la universidad, presentar una ILP instando al Parlamento de Cantabria a proteger un servicio imprescindible para el día a día del campus universitario.