Las trabajadoras de Digitex han logrado arrancar alguna mejora a la empresa, integrada en el gigante europeo del contact center Comdata, con las que compensar los gastos que les supondrá el traslado al que las aboca la intención de mover sus líneas de trabajo, y con ello a las 159 de la plantilla de Maliaño, a los centros que tiene el grupo en Jaén o Barcelona.

Es eso o el despido, pero sin que cuente cómo ERE, sin que esté justificado en razones económicas sino en una teórica concentración de recursos que sólo afecta a Cantabria y tras haberles reducido lo que cobraban al quitarles hace meses los incentivos que complementan sus modestas nóminas, con el consiguiente efecto a la hora de cobrar el paro.

Se produce, además, después del sobreesfuerzo de la pandemia, en el que aportaron sus propios medios para implantar el teletrabajo, ayudando incluso a formar a los centros a los que ahora quieren desplazarlas, y tras otro inesperado sobreesfuerzo: todos los cambios en el sector eléctrico llevaron a una intensidad de la actividad de cambio a la tarifa regulada que reposó sobre sus hombros.

En la cuarta reunión de la negociación del traslado, han conseguido algún avance en el denominado plan social, desde incrementar los gastos de la mudanza a los 2.100 euros hasta un plus de destino de 300 euros al mes durante seis meses, así como la contratación preferente a los familiares de primer grado, en el centro de trabajo de destino y un compromiso de preferencia en la contratación en cualquier centro del grupo Konecta y Digitex en el que haya vacantes (la empresa tiene uno más cerca, en Aranda del Duero, por ejemplo, donde, por cierto, hay teletrabajo).

Esa opción, la del teletrabajo, es la propuesta por la que apuestan las trabajadoras, según explica el sindicato CGT, que lamenta que Konecta, integrada en Comdata y en manos de fondos financieros internacionales, «no se apean de la burra».

«No existe causa para este proceso y pedimos que se retire íntegramente la medida. Nos obligan a abandonar a nuestra familia por una organización empresarial que no existe», aseveran.

Las conversaciones continuarán el jueves, mientras tienen la intención del presidente Revilla y el vicepresidente Zuloaga de tratar de mediar con los responsables de Recursos Humanos del grupo.

El personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reanuda las movilizaciones para exigir la RPT acordada en 2021

El personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado hoy una segunda fase de movilizaciones, tras las tres huelgas convocadas hasta ahora desde el pasado mes de diciembre, para exigir el cumplimiento del acuerdo de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) acordada en 2021.

Según las previsiones sindicales, a lo largo del mes de mayo y de junio se han convocado 15 días de paros parciales de media hora, tres de una hora y otros tres de dos horas que precederían a una huelga general desde el 26 de junio «si como hasta ahora no hay avances en la negociación y se cumple con lo ya firmado».

Como precisó, en el primer día de los paros parciales convocados, Luis Álvarez, representante de UGT y presidente del comité de empresa de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, «lo que reclamamos es un acuerdo que se firmó con el Ministerio ya en 2021 y que mejoraba la RPT a los colectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

«Es un acuerdo para adecuar una RPT de hace muchos años a nuestros tiempos que no tienen ninguna intención de cumplir, lo firmaron y ahí lo dejaron y ni siquiera se sientan a negociar», agregó Yasmina Flores, coordinadora de CCOO en la AGE en Cantabria.

Como precisaron los dos sindicalistas, el cumplimiento del acuerdo de la RPT implicaría, entre otras mejoras, «el reconocimiento al trabajo que está haciendo la plantilla desde hace muchos años porque los complementos que perciben por ello no se ajustan a la realidad» y el refuerzo de una plantilla escasa de personal.

«Hace falta más plantilla porque hay un 17% de plazas vacantes y ni siquiera con el cumplimiento pleno del acuerdo de la RPT se solucionaría del todo la falta de efectivos», precisó Álvarez.

Flores matizó en este sentido que «no se cubren los puestos de toda la gente que se está jubilando desde hace años, por lo que a la falta de personal se une una plantilla con una media de edad muy alta».