Finalmente no se ha llegado a producir el desahucio de Roberto Mazorra, conocido activista por la vivienda, que estaba previsto para este jueves en Santander.

Lo cual no quiere decir que no haya sido una jornada tranquila: a las siete de la mañana ya había una veintena de activistas para apoyar a Mazorra, y también acudían agentes de la policía nacional.

De hecho, se produjeron incidentes cuando la policía trató de acceder al portal –aseguraban haber recibido una denuncia vecinal de que se iba a producir una ocupación de una vivienda–, ya que los activistas recordaban que no se podía acceder y que no se tenía orden judicial que avalara el desalojo.

Los activistas denuncian el intento de allanamiento y las lesiones sufridas por una de las mujeres que estaba en la acción.

Ni un paso atrás, en defensa de nuestro pueblo . pic.twitter.com/V6whMBsixz

— Álex Zapico (@ZapicoAlex) May 18, 2023

Finalmente, los agentes se marcharon, aunque los activistas permanecieron, hasta que finalmente se le comunicó que no se produciría, en parte como consecuencia de la huelga judicial.

A la concentración asistían miembros de la Pah, Stop Desahucios, CGT, antifascistas, además de personas afectadas por otros procesos de desahucio, como Gema, María o Héctor. También acudió Mónica Rodero, candidata de Podemos -IU al Parlamento de Cantabria, y Alex Zapico, responsable de Movimientos Sociales de Podemos a nivel estatal, además de  fotoperiodista, que ha documentado el proceso.

DENUNCIAS POR ALLANAMIENTO

Para Mazorra, la intervención de la policía, «repartiendo golpes con sus defensas a diestro y siniestro» «hace sospechar en que los mandos policiales han querido ejecutar el desahucio a las bravas y sin orden judicial», lo cual, advierte, supondría un delito de allanamiento (allanamiento de morada es cuando se altera el lugar donde se desarrolla la intimidad de la persona, y no va ligado a la propiedad, entrar en una vivienda alquilada también es allanamiento de morada, por ejemplo).

«Nadie en su sano juicio puede pensar que alguien va a ocupar una vivienda con tanta gente a esas horas, entre las seis y siete de la mañana, y que en lugar de hacerlo en silencio, estuviéramos hablando normalmente en grupo y en la calle sin ningún problema, haciendo ruido», advierte Mazorra, que avanza que presentará  denuncia por intento de allanamiento y daños (la puerta de la vivienda resulto dañada), y otros presentes también podrían denunciar por las lesiones sufridas.. , y me consta que otros compañeros también denunciarán.

DE ALQUILER SOCIAL A FONDO

Los antecedentes del caso se remontan al año 2015, cuando la extinta LIBERBANK cede la vivienda en alquiler social a varias personas afectadas de la plataforma Stop-Desahucios. Dos años después, en el año 2017, el inmueble es adquirido por el fondo inmobiliario DESARROLLOS LAS PEÑICAS, S.L.

En 2018, DESARROLLOS LAS PEÑICAS, fondo al que LIBERBAK derivó sus viviendas para alquiler social, denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente ya que contaban con la autorización del propietario en su momento, LIBERBANK.

Posteriormente, el fondo vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil), recibiendo sentencia a su favor, después de diferentes recursos, a finales de 2021.

DE FONDOS A EMPRESAS

Unos meses antes de la sentencia definitiva, en mayo de 2021, un empresario vallisoletano adquiere la vivienda por 50.000 euros sin haberla visto y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado. Pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltan la vivienda, destrozando la puerta y entrando al interior del inmueble. Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados.

Durante varios meses, el «supuesto» nuevo propietario se puso en contacto telefónico con los afectados, amenazándolos en numerosas ocasiones y contratando a una empresa alicantina dedicada a la «extorsión de inquilinos».