Finalmente se ha conseguido aplazar, hasta el 15 de junio, el desahucio previsto este miércoles en Puente Viesgo de Santi y Cristina a manos de un fondo al que el Banco Santander había vendido la vivienda tras los problemas económicos que atravesaron. Ese inmueble pasó primero por Hipoges, pero terminó en Beryllium Invest.

La familia sostiene que el fondo no tiene voluntad de negociar una solución para ellos. Quiere quedarse con la vivienda. Cristina quiere renegociar, ver de qué manera se puede rehipotecar para poder volver a pagar y quedarse con la casa.

Ella sí tiene trabajo. Regenta una farmacia en Luena. Es verdad que no cuenta con demasiados vecinos como clientes, pero ella ve que sí hay algunos vecinos nuevos, de esos que han huido de centros urbanos grandes durante la pandemia. Aunque esto sólo sirve para corregir ligeramente la tendencia contraria, la de la despoblación, que está afectando también a ese municipio en el Puerto del Escudo.

Se denomina a sí misma como una mujer dura, pero reconoce que hoy le ha intimidado el fuerte dispositivo de la Guardia Civil. Al menos 19 efectivos se han apostado frente a la vivienda. Por un lado, para no dejar pasar a más activistas. Por otro, en espera de si había que ejecutar el lanzamiento o no.

Cristina y Santi tienen una hija de 20 años. Está estudiando Derecho. Es decir, lo que consiguen ingresar no lo necesitan solamente para poder tener una vivienda digna o para los gastos básicos, sino también para que su hija pueda continuar con su formación. Y que eso le proporcione un trabajo en el futuro.

Que Cristina tenga un trabajo supone un problema en una circunstancia como esta, porque la familia no entra dentro de los requisitos para ser considerada una familia vulnerable. Una unidad familiar donde sólo trabaja una persona, y que lo hace en una farmacia del medio rural, no en un barrio de una gran ciudad.

Santi se queja de que tener una farmacia en el medio rural supone una responsabilidad y cumplir unas condiciones mínimas, recibiendo sanción si se incumple alguna, pero no hay subvenciones o ayudas y si se un servicio para un número bajo de vecinos.

Ellos defienden que han querido hacer las cosas bien, que estuvieron 10 o 12 años pagando la hipoteca, pero tuvieron una mala racha que les imposibilitó seguir pagando. Y ahora se enfrentan a un callejón en el que no es fácil encontrar la salida. No sólo piensan que el fondo de inversión debería tener una actitud distinta y abrirse a negociar, sino que demandan también «voluntad política» y que estas situaciones no se produzcan.

En este caso hay un añadido más. Dentro de un préstamo hipotecario relacionado con su negocio y no con su vivienda, esta familia hizo una reclamación por una cláusula abusiva. La justicia les dio la razón, una entidad financiera les debe más de 12.000 euros, pero todavía no se los han pagado. Y mientras, les quieren desahuciar de su casa. Ahora ya no el 24 de mayo, pero sí el próximo 15 de junio.

A la acción antidesahucios acudieron activistas de la PAH, STOP DESAHUCIOS o colectivos antifascistas, entre otros. Entre los que estaban en la entrada de la casa y los que se quedaron en caminos aledaños, sumaban unas 25 o 30 personas, que pretendían defender a Santi y Cristina.

Tras varios minutos de conversaciones entre los afectados y la comitiva judicial, se llegó al acuerdo de que el desahucio se paralizaba hasta el 15 de junio. Ese es el plazo para poder encontrar una solución o para lograr una alternativa habitacional.

Si bien se ha logrado paralizarlo, desde la PAH se llama la atención sobre el fuerte dispositivo de la Guardia Civil que, según trasladan, se justificó por su propia presencia, por lo que, remitiéndose también a los últimos dispositivos (desde los de la semana pasada a los de Jennifer o Héctor), se preguntan qué antecedentes de peligrosidad tienen para que se les considere un colectivo que requiera ese nivel de prevención de fuerza pública. En esos minutos de calma tensa, se llegaba a escuchar el quejido de que «parecemos de ETA».

En el proceso intermedió el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, y también asistió la candidata de Podemos-IU al Parlamento de Cantabria, Mónica Rodero, quien acudía la semana pasada también al desahucio de Roberto Mazorra y pedía a las instituciones una acción más contundente contra los problemas de vivienda.

Villegas reflejaba que esta es una situación desagradable e incómoda para todos, y decía que el Ayuntamiento, en este tipo de casos, con familias que tienen deudas, trata de no echar más sal ni dolor en la herida.