Lo avanzaba este lunes la agencia de noticias Europa Press y lo replicaban los digitales y el resto de medios: Ambuibérica ha sido otra vez la adjudicataria del concurso del transporte sanitario.

Con matices: lo era de uno de los dos lotes, el del transporte urgente (básicamente, las emergencias), pero no del de transporte programado (que lleva a los pacientes a los centros sanitarios a tratamientos que exigen especialización o impiden el transporte por sus propios medios, como pudiera ser para las diálisis).

Con mucho contexto: la empresa viene acumulando numerosas sentencias judiciales o sanciones de Inspección de Trabajo, desde por la falta de medidas de protección para conductores en plena pandemia de la Covid-19, hasta por el incumplimiento de las tablas salariales, además de numerosas quejas de los sindicatos y un informe específico de Intervención, el área del Gobierno autonómico que fiscaliza por el buen funcionamiento de la administración y sus contratos.

La marca estaba, obvio, tocada: partidos poco sospechosos de recelar de la colaboración público-privada como Ciudadanos habían criticado a la empresa en el Parlamento, desde Izquierda Unida trajeron a Cantabria a Henar Moreno, diputada impulsora de la internalización –es decir, la gestión pública del servicio en lugar de a través de empresas– y el propio vicepresidente y líder socialista Pablo Zuloaga acabó optando por un proceso que concluyera en la gestión directo, fijada incluso como condición para un futuro –y finalmente imposible- pacto de Gobierno con el PRC

Con cambios: no será, en cualquier caso, el nombre de Ambuibérica el que veamos y suene, porque la empresa ahora se llama Autransa.

Aunque tampoco podemos descartar en la nueva denominación la complejidad del mundo empresarial que impide hasta seguir el nombre: baste recordar que Smart Hospital, la sociedad que gestiona los servicios no sanitarios de Valdecilla, pasó de estar en manos de Ferrovial a un fondo llamado Portobello, con quien formaba Serveo; o como la adjudicataria de las basuras de Santander, la última, la de emergencia, ahora se llama Prezero y antes era Ferrovial, o parques y jardines, Légamo, filial de Urbaser. No queríamos abrumar, pero es que abruma.

Con sorpresa,  porque veníamos de escuchar a la empresa advertir reiteradamente que el servicio era “insostenible” en lo económico, no sólo por los motivos salariales invocados, sino por el aumento de la parte del contrato que se basaba en traslados de pacientes por tratamientos (parte a la que ni siquiera ha optado). Los costes del contrato le llevaron incluso a querer descolgarse del convenio –es decir, no querer cumplir las normas laborales y condiciones salariales.

Ambuibérica advierte de que el incremento de los traslados hace que su actividad no sea “sostenible”

Ambuibérica atribuía hace meses su situación económica al incremento de los traslados

Y, otra  vez, sobre todo, y casi diríamos que, por supuesto, con baja: el concurso –muy criticado por el sindicato USO, que advirtió incluso de riesgo de prevaricación- salió a licitación, nos referimos a la parte del transporte urgente que finalmente se ha llevado Ambuibérica, salió a licitación en 33,8 millones de euros. Y se lo ha llevado por 32,2 millones, lo que significa que la empresa considera que puede prestar el servicio por 1,6 millones de euros menos de lo que la administración calculaba que costaría, superando a otra aspirante que sólo había bajado en 300.000 euros.

No es la primera vez que Ambuibérica se lleva este servicio a la baja: su primera adjudicación, 2012,  salió en 37,3 millones y se quedó en 35,9.  Y para su renovación en 2018, el servicio pasó a costar de los 47,9 millones de euros que había calculado Sanidad a los 45,1

Las cifras no sirven para comparar 100% con el actual porque se incluían los dos servicios, el urgente y el programado.

Y desterrando, parece claro, cualquier posibilidad de la internalización: no sólo porque los tiempos de la administración fueran complejos, porque el contrato de hecho se prorrogó –es decir, se adjudicó sin volver a sacarlo a concurso, competición–, sino porque la nueva administración salida de las elecciones,  con el PP al frente, todavía sin tomar posesión,  ya se había mostrado abiertamente en contra de la gestión directa.  Lo que los plazos dificultaban finalmente lo ha impedido la onda expansiva del 28-M.