Mientras el discurso público lleva tiempo reflejando una especie de alarma ‘okupa’ y los discursos políticos vienen culpando a los gobiernos centrales y autonómico de aprobar medidas que fomentan la ocupación ilegal de los viviendas, en los juzgados cántabros las cifras dicen otra cosa.

Cada trimestre, el poder judicial difunde la estadística Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que permite seguir la evolución de los asuntos relacionados con la crisis en los juzgados, donde acaban llegando deudas, despidos, cierres de empresas y también los problemas con la vivienda

Y el último dato difundido, el del primer trimestre del año, constata que en ese período 34 familias tuvieron que abandonar su vivienda, mientras que sólo dos denunciaron ocupaciones.

En general, disminuyeron los lanzamientos (la concreción de la expulsión de la vivienda), y lo hicieron tanto en ejecuciones hipotecarias (incapacidad de pago de la vivienda hipoteca) como en alquiler):

En detalle, bajaron un 68,8 por ciento los lanzamientos practicados, que fueron 34, y lo hicieron tanto los debidos a ejecuciones hipotecarias (un 71 por ciento menos) como los que respondían a impagos de alquiler (un 69,3 por ciento).

De 31 desahucios por hipoteca se pasó a 9, y en alquiler, de 75 a 23.

En ese mismo período, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 2 demandas por ocupación ilegal de vivienda, frente a 13 de un año antes, lo que supone un descenso del 84,6 por ciento en este tipo de demandas, todo en un año en que se ha insistido reiteradamente en la permisividad institucional frente a la ocupación o la falta de medidas (pese a las sucesivas instrucciones de Fiscalía, Juzgados o cambios legales).

De enero a marzo de este año se presentaron 68 procedimientos de ejecución hipotecaria (es decir, no se refiere a ejecuciones consumadas sino al inicio del proceso para llevarlas a cabo) ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, lo que supone un 17,1 por ciento menos que en 2022 (82 demandas).

Además, de enero a marzo, el juzgado de cláusulas (contra las clausulas abusivas de la banca) dictó 563 sentencias, un 4,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2022. De ellas, el 98,8 por ciento fueron estimatorias.

INCREMENTO NOTABLE DE LOS CONCURSOS DE ACREEDORES DE PARTICULARES

Más allá de la vivienda, el impacto de la situación económica en los juzgados se refleja en situaciones como los concursos de acreedores, 50,
un aumento del 28,2 por ciento respecto a los ingresados durante el mismo periodo del pasado año (39). Entre ellos destaca una posibilidad recogida por la Ley y que había tardado en ser efectiva o usada, la de los concursos presentados por particulares, esto es, por personas naturales no empresarias, que aumentaron un 193,3 por ciento, mientras que los de personas jurídicas (empresas)se redujeron un 71,4 por ciento.

MENOS DESPIDOS, MÁS CANTIDADES

Por otro lado, los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander se redujeron un 13,9 por ciento respecto a 2022, mientras que las reclamaciones de cantidad aumentaron un 3,7 por ciento. .