Desde hace más de un año, Mercadona viene vulnerando y transgrediendo todo tipo de derechos, según denuncia el sindicato Maysa: conciliaciones, protocolos de embarazo, evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales realizándolas de forma unilateral sin la colaboración de los representantes de los trabajadores, formaciones a los trabajadores donde se les obliga a aportar su teléfono personal, tarjetas bancarias y datos personales y se persigue a la representación de los trabajadores obstaculizándoles su labor sindical, llegando incluso los mandos a leer a la plantilla los panfletos de los sindicatos en horas de trabajo, culpando a Maysa e intentando coaccionar a los trabajadores entrando en lo que se denominarían «prácticas antisindicales».

Pero para Maysa la gota que ha colmado el vaso han sido los incumplimientos en una materia tan sensible como es la violencia de género y sus víctimas. Un escrito enviado por parte del presidente del Comité de Empresa en Cantabria al director general de Tiendas y al Departamento de Recursos Humanos este pasado martes, consultado por EL FARADIO, revela dos casos de empleadas víctimas de violencia machista que no han recibido medidas por parte de la empresa para su protección. Deberían activarse protocolos para esos casos, pero Mercadona habría hecho caso omiso.

Uno de los casos, según Maysa, es de una mujer que ha comunicado su situación a su coordinadora y que ha llegado a tener un incidente con su maltratador a la salida de su puesto de trabajo. Sin embargo, la coordinadora habría llegado a culpar a la empleada de la situación por llevar puesta la ropa de la compañía en el momento del incidente. En la denuncia, la trabajadora incluye una frase que supuestamente le dijo su coordinadora, comparando el hecho de que la acosaran con el uniforme puesto con que una trabajadora llevase esa misma ropa «bailando borracha encima de la barra de un bar».

La trabajadora ha enviado un escrito este miércoles a la Inspección de Trabajo para que investigue su caso. Denuncia que la empresa no ha querido escuchar sus requerimientos, ni a nivel de Cantabria ni tampoco a nivel estatal, y se siente «preocupada» por la indefensión a la que se ha visto sometida. Pide que se cumpla la legislación vigente y que esos protocolos de protección se pongan en marcha.

En el otro caso, según el Comité de Empresa, se trata de una trabajadora con protección policial y que ha solicitado un traslado. La respuesta de Mercadona habría sido decirle que hay ocho personas de su misma categoría laboral por delante de ella para poder acceder a un traslado ordinario. El que solicita la trabajadora es con carácter de urgencia por su situación.

Es inconcebible para Maysa «la falta de responsabilidad por parte de la empresa ante estos hechos, más cuando una trabajadora de fuera de Cantabria acude a nosotros con la misma problemática», dicen en una nota de prensa.

VULNERACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS TRABAJADORES

Desde el pasado mes de abril se ha producido otro problema que Maysa ha comunicado al Órgano de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA). Se trata de una formación para todo el personal que trabaja bajo el Convenio Colectivo de la empresa y que se denomina ‘ticket digital’.

Es una formación que debía comenzar el 18 de abril de este año, y que consiste en la creación de una base de datos con fines comerciales para los clientes que quisieran adherirse a ella. Sin embargo, la empresa solicitó a los trabajadores su teléfono móvil y su tarjeta bancaria, y todo sin informar previamente al Comité de Empresa.

La empresa puede solicitar datos de esta relevancia a las personas trabajadoras a la hora de formalizar un contrato de trabajo o también para facilitarlos a organismos competentes como pueda ser la Seguridad Social. Pero no para un fin como este. El escrito, formulado el pasado 22 de mayo, recuerda que, para algo así, es necesario una conformidad expresa de la persona y la puesta en conocimiento a los representantes de los trabajadores, pero se afirma que no se ha cumplido ninguna de las dos cosas.

Hay una cuestión añadida. Según el escrito, hubo coordinadores de centros de Cantabria que el 19 de abril, al día siguiente de cuando debía comenzar esa formación, que empezaron a enseñar panfletos del sindicato Maysa a los trabajadores para culparle de la situación que se había generado. Se centraron en el sindicato mayoritario para intentar poner a los trabajadores en su contra. «Podéis agradecer a Maysa el hecho de no estar ya en la base de datos», es una de las frases que se incluyen en la demanda de conciliación enviada al ORECLA. La intención es que se rehaga el proceso de la manera debida, con información clara a trabajadores y sus representantes y desistiendo de culpabilizar a los sindicatos de los incumplimientos de la empresa.

PRÁCTICAS ANTISINDICALES

En sus reclamaciones, el sindicato mayoritario va más allá. Maysa afirma que, desde que venció en esas elecciones entre las organizaciones que representan a la plantilla, se ha producido «una campaña de desprestigio». Uno de los ejemplos que ponen, en otra demanda de conciliación enviada al ORECLA el pasado 1 de junio, es que el presidente del Comité de Empresa no tiene copia de las llaves del local que utilizan para sus reuniones, y que Mercadona les obliga a pedir su uso con, «al menos, un mes de antelación».

El pasado mes de noviembre de 2022 fue cuando Maysa se convirtió en el sindicato mayoritario en Mercadona, y la demanda sostiene que los delegados de Personal de esta organización no han podido gozar de los mismos derechos que sus antecesores.

Se refieren a los créditos horarios que tienen reconocidos en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, los delegados de personal de Maysa, según la denuncia, tuvieron que reincorporarse totalmente a sus puestos de trabajo, pese a que también había un acuerdo entre empresa y trabajadores que funcionaba desde 2019 y que daba mayores derechos a los delegados de Personal que los reconocidos en el Estatuto. Por tanto, defienden que han sido discriminados por su afiliación sindical concreta.

También se refieren a la falta de información que Mercadona proporciona a estos delegados. Es también una obligación para la empresa, y es algo que resulta de vital importancia para que esos delegados realicen correctamente sus funciones de representación y ayuda a los trabajadores. Y añaden que esto se extiende al deber de informar y, en su caso, negociar los procesos de evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, se dificultan las labores de prevención, algo que afecta a la seguridad y salud en el trabajo.

Maysa afirma que Mercadona llevó a cabo un proceso de evaluación de riesgos psicosociales sin contar con los trabajadores, por lo que les privó de su derecho a ser informados y a poder participar en el proceso.

En el escrito de demanda de conciliación, el sindicato pide a la empresa que desista de los incumplimientos que le afectan, al igual que a los trabajadores, y que se aplique el régimen sancionador previsto en el Convenio Colectivo, que prevé depurar responsabilidades en casos como los que se denuncian.