Un año más, después de una nueva inspección de los más de 8.000 kilómetros de las costas del Estado español, Ecologistas en Acción ha presentado el informe Banderas Negras 2023, que otorga un total de 48 Banderas Negras: dos por provincia y/o ciudad autónoma, una bandera por contaminación y otra por mala gestión ambiental del litoral. Como en años anteriores, el informe de 2023 recoge las situaciones de afección ambiental más graves, pero no todas que, según la organización, podrían ser muchas más.

En Cantabria, las dos banderas negras son para el Bajo Asón y las Dunas de Liencres.

DEPURACIÓN DEL BAJO ASÓN

La bandera negra por mala gestión se la llevan las «graves deficiencias en el sistema de saneamiento del Bajo Asón». Si bien desde Ecologistas en Acción consideran que se ha realizado un gran esfuerzo en gran parte del territorio costero con la depuración de aguas residuales, sigue habiendo varios municipios del margen derecha del bajo Asón que no han conectado su sistema de depuración con la EDAR de San Pantaleón (T. M. de Argoños) a través del subfluvial que pasaría bajo el estuario del Asón, entre el Puntal de Laredo y Santoña. Esto, según explican,  «provoca que la franja litoral de la margen derecha del Asón y las marismas contiguas a la playa del Regatón, que alberga uno de los espacios marinos más importantes en cuando a biodiversidad dedicada al marisqueo, sigue soportando una importante carga de materia orgánica y componentes indeseables provenientes de las aguas residuales de las localidades de Ampuero, Limpias y Colindres, carga que fácilmente se cuadruplica o quintuplica en los meses estivales».

Diversos problemas, unos de ámbito municipal, otros de ámbito regional y otros de ámbito estatal, han estado retrasando durante excesivo tiempo la finalización de estas obras, que se han venido reiniciando y deteniendo durante mucho tiempo

Esta situación afecta especialmente a las Marismas de Santoña y al Bajo Asón: «nos estamos refiriendo a los vertidos de aguas residuales de más de 40.000 habitantes, que en época estival pueden superar los 150.000, cuando se ocupan las segundas residencias. Tras tantos años de demora, el saneamiento integral de las poblaciones ribereñas del bajo Asón se ha convertido en una necesidad urgente. No se puede mantener la situación de falta de depuración de las aguas urbanas residuales, o en el mejor de los casos de un sistema tan deficiente, antes de su vertido al dominio público marítimo del estuario (casos de Limpias y Colindres) o directamente a la mar (caso de Laredo). Soluciones o propuestas de mejora: El sistema de saneamiento de las Marismas de Santoña debe ser declarado como prioritario y urgente de forma que permita iniciarse de forma inmediata el desarrollo de los proyectos pendientes.

PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES

La bandera negra por contaminación se la lleva el Parque Natural de las Dunas de Liencres y, concretamente al Gobierno Regional «por la mala aplicación de la Ley 2/2021, por la que se crea el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada y del Decreto 60/2017, que establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Dunas de Liencres», y al Ayuntamiento de Piélagos y la Junta Vecinal de Liencres, «por no disponer de una Ordenanza reguladora del estacionamiento de vehículos y pernocta de autocaravanas y vehículos viviendas en áreas protegidas incluidas en su territorio».

A pesar de existir un borrador de Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural, Ecologistas en Acción denuncia que nunca se ha llegado a aprobar, por lo que su aplicación sigue siendo inexistente. La ausencia de una Ordenanza marco municipal que recogiera un modelo tipo de regulación del estacionamiento de todo tipo de vehículos en los aparcamientos de las Dunas de Liencres también ha contribuido a que exista un enorme descontrol con el aparcamiento.

Desde Ecologistas en Acción consideran que «en el caso de las Dunas de Liencres se ha de prohibir la pernocta de autocaravanas y las tiendas de campaña con la implementación de medidas concretas que impidan que el espacio funcione como área de servicios, porque no es de recibo que una zona de especial protección se haya convertido en una zona de acampada para la práctica del surf».