En los últimos meses ha habido algunos desahucios donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han empleado de una manera más tajante para asegurarse de que se llevaba a cabo el lanzamiento decretado por vía judicial. Se trata, claro, de los casos en los que se convocaba una acción Stop Desahucios para intentar defender a la familia que corría el riesgo de ser expulsada de su casa.

Detención de Héctor durante su desahucio (noviembre 2022)

El pasado otoño se conoció el caso de Jennifer, en Santander, en la calle Isla de Cuba, una pequeña vía que fue cortada por la Policía Nacional en sus dos extremos, de manera que los activistas no podían llegar hasta el portal. Un despliegue policial tempranero para tener la situación mucho más controlada y no tener el obstáculo de decenas de personas que defendieran la vivienda.

También en otoño se produjo el desahucio de Héctor y de su madre, en Gama. Numerosos efectivos de Guardia Civil que acabaron por ejecutar el desahucio, con momentos de tensión que acabaron con sangre derramada por el propio desahuciado.

Más recientemente, en mayo, también hubo un amplio dispositivo de Guardia Civil en Puente Viesgo para desahuciar a Cristina y Santi. Ese lanzamiento no se llevó a cabo por un acuerdo entre la familia y la comitiva judicial, pero desde mucho antes de que ésta llegara los agentes impedían que ningún activista pudiera llegar hasta la vivienda, aunque algunos llegaron antes que la Guardia Civil.

El colectivo ‘Juntas lo paramos todo. Ni desahucios ni represión’ advierte de que el punto de inflexión se produjo el 13 de julio de 2020. Ese día había desahucio programado y las Fuerzas de Seguridad colocaron vallas también para evitar que los activistas accedieran al inmueble donde se iba a producir la ejecución, según el comunicado de este grupo.

Ahora han sabido novedades respecto a lo sucedido aquel día. Dos activistas fueron denunciados por atentado a la autoridad y lesiones leves, el juicio no tiene fecha, pero han lanzado un comunicado para decir que «la Guardia Civil pide dos años de cárcel para cada uno y, por su parte, la Fiscalía pide un año y 8 meses».

El mismo comunicado dice que no les gusta centrarse en estos detalles, sino en dejar al desnudo el drama que suponen los desahucios para las familias que los sufren y las dificultades de muchas personas para poder acceder a una vivienda digna. Pero ahora sí que han querido publicar esta novedad, porque les parece un claro ejemplo de criminalización de los colectivos antidesahucios, utilizando además el argumento de la ocupación «para desviar la atención de la violencia ejercida por fondos de inversión y entidades bancarias, la expulsión de vecinos que genera la proliferación de pisos turísticos, etc».

Desde el colectivo recuerdan también que las acciones de Stop Desahucios son un último recurso. Valoran que se hace un trabajo previo para intentar no llegar hasta ahí. y sólo se llega cuando se agotan todos los recursos previos.

En cuanto al caso concreto de 2020, ‘Juntas lo paramos todo’ explica que a uno de los dos activistas «le acusan de tirar unas vallas, provocar lesiones en la mano de un Guardia Civil y romper un casco. Lo cierto es que nuestro compañero, aparte de oponerse con dignidad al desahucio, como todas las personas asistentes, lo único que hizo fue ser arrastrado por la fuerza por la Guardia Civil hacia dentro del portal, allí donde ninguno de sus compañeros ni de los vecinos de las ventanas pudieran ver lo que pasaba. Allí dentro le pegaron y le insultaron».

El activista puso una denuncia por el trato recibido, pero «no fue aceptada, de tal manera que los agentes en cuestión no tendrán que rendir cuentas ante tales hechos, tal y como marca la decisión judicial», prosigue el comunicado. Denuncian un trato desigual en un caso que se alarga en el tiempo «por los recursos que hemos puesto para que nuestro abogado pudiera hacer preguntas a los guardias civiles», que «nunca tuvieron que responder, ni tuvieron que declarar delante de la jueza en cuestión, sino que se les permitió hacerlo por escrito».

El otro activista ha sido acusado por las Fuerzas del orden «de tirar una valla causando lesiones leves en el pie a un agente. Desde el principio, nuestro compañero reconoció haber tirado la valla ante la incertidumbre e indignación de no saber qué le estaba pasando a su compañero arrastrado por los agentes dentro del portal. En el juicio está en juego la intencionalidad de tirar esa valla, que nunca fue la de dar a alguien», según el colectivo.

‘Juntas lo paramos todo’ recuerda el cuidado que hay que tener a la hora de publicar fotos y vídeos que se tomen de las Fuerzas de Seguridad, porque es algo que puede agravar la situación. La Ley Mordaza incluyó esto como algo que puede incurrir en un delito, si se considera que esa publicación puede poner en riesgo a uno o varios agentes.

En el comunicado se invita también a la reflexión, porque consideran que todos estos casos no son «aislados», sino que responden a una «hostilidad permanente en todo el estado español contra el movimiento de vivienda y contra las personas que puntualmente se solidarizan con los colectivos motores de dicho movimiento». Son varios los activistas que «están a la espera de juicios penales, con causas abiertas y grandes cantidades de dinero en multas, tanto por este caso como por otros casos similares, tanto en Cantabria como en otros lados».

Frente a esto, animan a que haya una ciudadanía que se una ante hechos que puedan ser considerados represivos, mientras no se tiene en cuenta la auténtica problemática de fondo, que es que se sigan produciendo desahucios de familias que muchas no pueden o no saben defenderse ante la posibilidad de quedarse sin su hogar.

Recientemente se conocieron los datos de desahucios y ocupaciones en Cantabria del primer trimestre de este año. Datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial y en los que se constata que, en los tres primeros meses de este año, ha habido 34 familias que han tenido que dejar su casa, mientras que sólo ha habido dos casos de ocupación.