El Ministerio de Medio Ambiente ha impuesto una multa de 6.000 horas a Jaime Botín por la rehabilitación de su mansión en Santander, según publica esta semana The Objective.

Botín, de la saga de banqueros originaria de Cantabria –hermano del histórico Emilio Botín, es, por tanto, tío de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco, y máximo accionista de Bankinter, del que fue presidente, y Línea Directa-, ha presentado alegaciones para evitar el pago de estos 6.000 euros.

La multa tiene que ver con las obras de rehabilitación del exterior y el andamiaje de su vivienda, llamada Los Pataches –como una de sus sociedades- y se ubica en las inmediaciones de Los Peligros y cerca del Promontorio en el que está la referencial vivienda histórica de los Botín.

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, tiene responsabilidad al ser una finca frente al mar y la playa, por tanto, dominio público en el que se opera a través de concesiones (permisos previo pago para ocupar un espacio sensible y colectivo).

Botín ya fue multado y condenado judicialmente en el pasado por contrabando, por sacar del país un cuadro de Picasso sin la pertinente autorización del Ministerio de Cultura: 91,7 millones de euros. Poco después, su sociedad familiar desde la que gestionaba Bankinter, le concedió un préstamo de 100 millones de euros. Ya en su día la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le multó con 300.000 euros por haber ocultado que poseía una participación significativa de casi un 8% en Bankinter.

LA ESCOLLERA DE LOS BOTÍN

No es la única propiedad de los Botín en la zona: allí también, pegada a la playa, está la finca de Elena García-Botín, muy relacionada, tal y como contó en su momento EL FARADIO, con el proyecto de los espigones en La Magdalena (se comenzó uno, se paralizó la construcción del segundo, el PP en la ciudad pasó de impulsarlos a rechazarlos y ahora nuevamente a reclamarlos–.

La escollera de los García-Botín

Prima del fallecido Emilio Botín y que fue miembro de la Junta Directiva Bacional del PP, Elena García-Botín encargó en su día unas obras de urgencia para para levantar una escollera privada que protegiera el muro de su vivienda, en línea de playa, que se había venido abajo tras un temporal.

Por la finca pasaba un camino que, por la Ley de Costas, debería ser público. Es lo que se conoce como zona de servidumbre de tránsito, que según la Ley de Costas se establece seis metros hacia el interior desde la línea máxima de marea (que en esa zona de la Magdalena, junto al Balneario, es el muro de la propiedad) y según los planos atraviesa el jardín de su casa, a escasos metros de su piscina.

El proyecto de los diques implicaba que se ganarían hasta 40 metros de arena seca, según los expertos ligados al proyecto.

Las escolleras servirán a Elena García-Botín para ‘sacar’ de su finca un camino público

Ganar metros al mar supondría alejar la línea de marea máxima del muro de la propiedad de los García-Botín y Pérez-Maura, y en consecuencia, a futuro sacar la línea de servidumbre de tránsito de su parcela.

Si la playa ganaba cuarenta metros de arena seca como se plantea en el proyecto, se desplazaría la servidumbre de tránsito hacia el sur, hasta hacerlo salir de la finca privada.

Según planteó entonces el abogado Javier Gómez-Acebo, miembro de la plataforma Salvar La Magdalena, sucesivas actuaciones tendieron a colocar la pasarela ciclista de madera sobre arena ganada a la playa que habitualmente ha tenido que volver a ponerse ante la acumulación de temporales. Al colocarse encima precisamente de la escollera privada se justificó el uso público.

Ese tipo de “obras de defensa” frente a la “invasión del mar” fue una posibilidad abierta por la reforma de la Ley de Costas del PP EN 2013, e implica el pago de un canon por lo que no dejaba de ser construir en dominio público marítimo-terrestre. Hubo debate, que llegó a los tribunales, sobre el concepto del canon: fijado en 40.000 euros anuales durante 15 años (total: 800.000) , aplicando la Ley y el uso residencial del bien a proteger, como defendió la Abogacía del Estado, frente al criterio que empleó la ponente de la sentencia del TSJC, la magistrada Paz Hidalgo que al verlo “desproporcionado” optó por emplear la media de las concesiones en el subsuelo del dominio público marítimo terrestre en el término municipal de Santander, quedando en 10.041 euros durante 10 años –cuatro veces menos al año que el cálculo inicial- y pasando de 800.000 a 100.000.

MÁS DEL “BARRIO”: LA VENTA DE FINCAS ENTRE LOS DÍAZ Y LOS BOTÍN

Y no a pie de playa, pero en el mismo área, en este caso en Pérez-Galdós, se produjo hace varios años una operación económica entre dos vecinos ilustres, los Díaz (dueños del grupo empresarial SADISA, con la constructora ASCAN como referente) y los Botín: una compra de terrenos de los Botín a unos Díaz en momentos de necesidad en la parte empresarial que llevó a una modificación urbanística en la ciudad, la del Plan Especial de Protección del Sardinero, como narró entonces EL FARADIO.

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