El Ayuntamiento presume de “condiciones óptimas” de las playas de Santander tras criticar en campaña su estado “lamentable”
No es la primera vez que se produce la secuencia de antes de un período de vacaciones o descanso alertar desde el Ayuntamiento sobre el mal estado de las playas de Santander y su impacto en el turismo y la economía local y, pasado el período, exhibir los resultados turísticos y de ocupación de un sector que semanas antes iba a tener dificultades por el estado de unas playas que, parecía traslucir, eran el único recurso turístico de la capital cántabra. La última vez está reciente: en Semana Santa, celebrada después por un PP que incluso ejerció de portavoz de los hoteles al difundir sus datos de ocupación.
Más reciente está la campaña electoral, en la que el PP esgrimió el malestar generado (generado en ocasiones por el propio partido) por el estado de la playa de Los Peligros y La Magdalena a raíz de la incompleta operación de las escolleras (una construida, la otra pendiente, el proyecto parado durante años sin una decisión tomada desde Medio Ambiente sobre si acabar o desmantelar hasta que recientemente se comenzó con el proyecto de desmantelamiento) con la que se optó para mantener la arena en lo que no fue históricamente una playa.
Ahí se hablaba de un estado “lamentable” de las playas ocasionado por un “desprecio” del Gobierno central a la ciudad.
De eso se ha pasado, en menos de un mes, a unos arenales en “condiciones óptimas” y preparadas que de hecho consiguen “la máxima certificación de calidad”, es decir, las banderas Q de calidad turística que recogía la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en un acto celebrado en Madrid y presidido por la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, y el presidente del ICTE, Miguel Mirones (expresidente de la patronal cántabra en unos años particularmente convulsos)
En concreto, las playas urbanas de Santander (La Segunda del Sardinero, La Primera del Sardinero, La Concha, el Camello y el conjunto formado por La Magdalena-Los Peligros-Bikinis) obtenían esta distinción, lo que hacía a la edil hablar de “orgullo” y recordar que también se cuenta con la certificación europea EMAS de Gestión y Auditorías Medioambientales, que es, según señala el Consistorio, una de las acreditaciones más exigentes que debe renovarse todos los años mediante evaluaciones externas.
Puestos a reivindicar, el Consistorio destacaba que el Ayuntamiento de Santander es la única administración pública de Cantabria que posee este distintivo y en 2016 fue reconocido por la Comisión Europea, con la medalla de bronce, por sus más de cinco años de mantenimiento del certificado.
“Estas banderas aportan prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, por lo que Santander ha superado con la máxima nota todos los estándares de calidad y seguridad en sus playas”, ha recalcado.
UN ESTADO “LAMENTABLE”
En campaña la alcaldesa y candidata del PP, Gema Igual, abundó en el mal estado de los arenales (el PP llegó a difundir un mapa de puntos negros sobre partes de la ciudad en mal estado, todas según ellos por culpa del Gobierno central o autonómico) y dedicándole un apartado específico en su Web de campaña al considerarlo “uno de los principales problemas” de la ciudad.
También acabó fiando la única solución posible para su conservación a la finalización del proyecto de los espigones, descartada por el Ministerio la opción de los rellenos, si bien admitiendo que debería buscarse una fórmula que tuviera menos impacto visual, que es lo que motivó las protestas (y las reticencias del propio PP, que en los primeros documentos recibió el proyecto con esos mismos argumentos, del mismo modo que fue el propio PP quien votó contra las escolleras en la anterior legislatura para garantizarse la investidura).
El Ayuntamiento de Santander rechazó inicialmente las escolleras de la Magdalena
Igual avanzaba que presentaría una moción para pedir anular el proyecto de Costas para desmantelar el espigón (dado que es una competencia estatal, como el propio PP viene indicando, la petición municipal no dejará de ser eso, una petición que puede ser atendida o no, pero no un paso para acabar con ellas desde el Consistorio).
Y aludía también no sólo a los efectos de los temporales “cada vez más frecuentes y de mayor virulencia”, sino al “riesgo que corren las edificaciones cercanas”.
LA PLAYA DE LOS BOTÍN
La semana pasada trascendía en medios nacionales una sanción de Costas a Jaime Botín, tío de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, por unas obras sin autorización en su vivienda en la zona (que ocupa un espacio de dominio público marítimo-terrestre, por tanto, ligado a concesiones públicas).
Y no es la única vivienda de los Botín en la zona: también está la finca de Elena García Botín, que en su día pleiteó para pagar menos de concesión por una escollera privada defensiva del mar y a quien el proyecto de las escolleras permitió sacar de su finca un camino público.
Elena García Botín evitó pagar 800.000 euros por su escollera privada en La Magdalena
Las escolleras servirán a Elena García-Botín para ‘sacar’ de su finca un camino público
EL AYUNTAMIENTO PAGÓ FACTURAS A LA CONCESIONARIA DE LA BASURA PESE A LOS INCUMPLIMIENTOS EN LAS PLAYAS
También aludía en campaña a la asunción por parte de los ayuntamientos de la limpieza de las playas. En el caso de Santander, iba en el lote del contrato de las basuras en manos en los últimos años de ASCAN-GEASER y sus sucesivas denominaciones (Grupo SADISA, en cualquier caso) y un informe interno municipal llegó a advertir de que los incumplimientos del contrato también se producían allí, y pese a ello se abonaban facturas.
En la última propuesta de contrato (de momento parada judicialmente), el PP acabó asumiendo que la limpieza de playas debía sacarse del contrato general (como había planteado el PSOE, que abogaba por un servicio específico de limpieza de playas.
El contrato de las basuras de Santander vuelve a la casilla de salida…de 2003
