Este martes, 18 de julio, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano volverán a intentar llevar a cabo el lanzamiento de Roberto Mazorra, veterano activista del movimiento antidesahucios. Dicho lanzamiento fue comunicado al afectado el pasado 11 de julio, mediante una diligencia de ordenación de fecha 10 de julio. Es decir, con una antelación de una semana; lo cual provocará que termine el plazo para responder al recurso un día después de la fecha de lanzamiento. “Es la primera ver que veo una orden de lanzamiento con una antelación tan corta (lo normal es que sean varios meses). Algo absurdo desde cualquier punto de vista y, aunque quizás no sea totalmente ilegal, cosa que dudo, resulta muy irregular”, en opinión del afectado.

Este será el tercer intento de desahucio que sufre Roberto, ya que en octubre de 2022 hubo otro lanzamiento programado aunque se suspendió por causas jurídicas antes de la fecha del desahucio. El segundo, de fecha más reciente, el 18 de mayo de 2023, se paró el mismo día en el contexto de la huelga de funcionarios de los diferentes estamentos del sistema judicial.

Y es precisamente ese contexto el que ha propiciado la denuncia que Mazorra ha presentado el pasado viernes, día 14, en el juzgado de guardia y en el decanato contra la letrada (secretaria judicial) del servicio común de notificaciones, comunicaciones y embargos (SCNE) de los juzgados de Santander «por ser un caso flagrante de discriminación ideológica/aporofóbica y abuso de autoridad». Los SCNE son unidades de los juzgados grandes que se dedican a realizar sus funciones de forma centralizada; en este caso, para todos los juzgados de Santander (penal, contencioso, violencia contra la mujer, primera instancia, de lo social, de instrucción, etc.). Es decir, toda la actividad externa de los juzgados de Santander está centralizada en el SCNE. No estamos hablando, por tanto, de un volumen reducido de trabajo.

Hay que recordar que la huelga previa de letrados se inició en enero de 2023 y culminó el 28 de marzo de 2023 con una subida salarial de 450 euros al mes. Después se producen paros parciales todos los días de 10 a 13 horas a partir del 17 de abril por parte de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, comenzando una nueva huelga indefinida el 22 de mayo, que finaliza el 5 de julio para esperar al nuevo gobierno que salga el 23-J. Es decir, estamos hablando de la paralización de cientos de miles de expedientes, de notificaciones, de plazos, de embargos, de comunicaciones, de diligencias de ordenación de todo tipo, incluyendo lanzamientos, etc, durante más de medio año. De hecho, cualquier persona que se encuentre inmerso en un procedimiento judicial, habrá comprobado que su caso se habrá demorado entre cuatro y seis meses o incluso un año por motivo de la huelga. Se trata de miles de expedientes anteriores al lanzamiento suspendido el 18 de mayo. Sin embargo, en el caso de Mazorra no ha habido demora alguna, sino más bien todo lo contrario. Prácticamente, el mismo día después de la finalización de la huelga ya le habían colocado al principio de la lista de actos a ejecutar por parte de del SCNE y del juzgado de primera instancia nº 1.

Roberto Mazorra desconoce los motivos de esta actuación: “Ayer intenté ponerme en contacto con los responsables del SCNE y fue imposible. Anteriormente lo hice con el juzgado número uno y no tuve ningún problema. Hablé con la letrada sustituta del juzgado y me atendió con amabilidad. Sin embargo, en el caso del SCNE no fue así. Incluso el funcionario con el que hablé finalmente se negó a darme el nombre de la letrada porque ‘podría tener problemas’ el mismo funcionario. Es obvio que no pueden explicar los criterios para colocar como urgentes los desahucios de familias vulnerables y adelantarlos con respecto a cualquier otro acto de ejecución o de comunicación. Y, por supuesto, mucho menos por qué han situado el lanzamiento de mi casa como prioridad número uno, incluso por encima del resto de lanzamientos suspendidos, que habrán sido unos 200 en este primer semestre. Sólo hay tres motivos: animadversión personal, causas ideológicas o simple corrupción. En cualquier caso, aunque no soy muy optimista al respecto, espero, al menos, que la denuncia tenga como resultado una investigación y explicación de lo que ha pasado. Porque no tendría sentido que esa intencionalidad no tenga causa y sea simplemente negligencia del funcionario responsable. La negligencia produce retrasos, no adelantos”.

En cualquier caso, según Mazorra, hay varias leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o el Reglamento Orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, y todos los SCNE en teoría deberían tener una carta de servicios o un protocolo de funcionamiento bajo competencia legislativa autonómica que establece una serie de obligaciones con respecto al comportamiento de los funcionarios y, en particular, de los letrados o secretarios judiciales. Entre las cuales existe informar y tratar a los ciudadanos con atención y respeto. “Esto lo incumplen de forma sistemática en casi todos los casos que he conocido, y en mi caso no ha sido diferente. Ayer, por ejemplo, me volvieron loco. Me puse en contacto desde primera hora de la mañana. Me mandaron al juzgado, de éste al SCNE, dentro del SCNE, de un funcionario a otro, les di tiempo para que la letrada se preparara la respuesta, pero al final no se quiso poner por teléfono, a pesar de ser su obligación. Me derivaron al final al decanato, del decanato al servicio de atención al ciudadano, que me derivó de nuevo al decanato, de ahí de nuevo al SCNE. El escritor Kafka definió muy bien este tipo de actitudes”, puntualiza el activista de la Red Antidesahucios.

Por todos estos motivos, Roberto Mazorra ha presentado denuncia ante el juzgado de guardia por prevaricación, posible cohecho y usurpación de atribuciones en relación con una evidente discriminación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo contra la letrada de la administración de justicia del SCNE de Santandere por el arbitrario e intencionado adelanto del lanzamiento de su vivienda. Además, ha interpuesto queja ante el Decanato por el comportamiento de los funcionarios del SCNE. Y, por último, ha solicitado la suspensión del lanzamiento por prejudicialidad penal, pérdida de la tutela judicial efectiva y conculcación de derechos fundamentales.

Antecedentes del caso

En el momento actual no ha variado el estado de salud de Roberto Mazorra -es un enfermo del corazón que ha sufrido dos infartos en los últimos años- y tampoco su situación de vulnerabilidad socioeconómica, motivada precisamente por su estado de salud.

Los antecedentes del caso se remontan al año 2015, cuando la extinta Liberbank cede la vivienda en alquiler social a varias personas afectadas de la plataforma Stop-Desahucios. Dos años después, en el año 2017, el inmueble es adquirido por el fondo inmobiliario Desarrollos Las Peñicas, S.L. En 2018, ese mismo fondo denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente ya que contaban con la autorización del propietario en su momento, Liberbank. Posteriormente, el fondo vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil), recibiendo sentencia a su favor, después de diferentes recursos, a finales de 2021.

Unos meses antes de la sentencia definitiva, en mayo de 2021, un empresario vallisoletano adquiere la vivienda por 50.000 euros sin haberla visto y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado. Pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltan la vivienda, destrozando la puerta y entrando al interior del inmueble. Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados. Durante varios meses, el supuesto nuevo propietario se puso en contacto telefónico con los afectados, amenazándolos en numerosas ocasiones y contratando a una empresa alicantina dedicada a la extorsión de inquilinos, denominada ServiokupasERVIOKUPAS. Posteriormente, llevó las ‘negociaciones’ un abogado de un bufete de Valladolid, que no se quedó atrás en cuanto a las amenazas y coacciones: “Vais a iros de allí, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera. Y si os tienen que dar dos hostias os
las van a dar. Que a esa gente no se la pone nada por delante”. Las víctimas de los hechos descritos presentaron sendas denuncias por amenazas, coacciones, allanamiento de morada, extorsión, daños, etc., contra los responsables. Como consecuencia de las amenazas, dos de las personas inquilinas abandonaron la vivienda.

Roberto Mazorra lleva más de una década militando en el movimiento antidesahucios; ha sido asesor legal tanto de la PAH como de la plataforma Stop-Desahucios, y actualmente es portavoz de la Red Antidesahucios, que es el colectivo constituido de forma reciente y dedicado única y exclusivamente a parar los lanzamientos judiciales. Mazorra describe unos hechos “muy turbios”, en su opinión: “inicialmente, me pareció absurdo que alguien comprara una vivienda sin haberla visto, con gente dentro y sin sentencia definitiva. Es obvio que el nuevo propietario tiene `negocietes’ y contactos en Valladolid que poseen vinculaciones con el fondo buitre. Y supongo que pensaría que utilizando la fuerza y las amenazas nos íbamos a ir de forma inmediata de nuestra casa. Y parece que fue un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. Se trata de un negocio. En el caso de que sea el propietario real y no un testaferro”.

Mazorra también carga contra la actuación de los abogados del turno de oficio en el proceso civil: “estoy convencido de que nuestros primeros abogados en el procedimiento civil fueron ‘tocados’ por el fondo buitre. Mi primera abogada, por ejemplo, se abrazó unos minutos antes de la celebración del juicio con la letrada de Desarrollos Las Peñicas y sólo pronunció una frase en el juicio. El abogado de mis compañeros de piso los intentó engañar para que firmaran un documento de desistimiento delante mío. El siguiente abogado que nos designaron ya conjuntamente se dedicó a torpedear la defensa, no se opuso a la sucesión y no presentó recurso de casación, mintiéndonos de forma descarada. Por si no fuera suficiente, mi procuradora renunció en 2022, dejándome en situación de indefensión, lo cual tuvo como resultado el lanzamiento de octubre de 2022. Aunque tengo que decir que mi actual abogada es una excelente profesional”, puntualiza Roberto.

Durante todos estos meses, tanto el propio afectado, como la PAH y la plataforma Stop-Desahucios, han intentado reunirse con los responsables de Vivienda de la Comunidad Autónoma, con resultados infructuosos.

El desahucio del 18 de mayo y la actuación de la policía

Aunque el lanzamiento como tal se suspendió por la huelga, mucho antes de la hora prevista para el desahucio, sobre las siete de la mañana, apareció de improviso un dispositivo policial que con “una inusitada violencia” llegó al portal y quiso acceder al interior de la vivienda donde había numerosos activistas acompañando al afectado por el desahucio.

El propio Roberto Mazorra relata lo sucedido: “en ningún momento preguntaron nada sobre lo que hacíamos allí. Entraron a saco. Al parecer, su intervención fue producto de una supuesta llamada de un vecino por una usurpación flagrante (ocupación). La propaganda antiocupa también afecta a la policía o simplemente algún mando quería hacer el lanzamiento por las bravas. Se supone que el juzgado había pedido auxilio policial por el lanzamiento y además se había comunicado la concentración a las ocho de la mañana por las redes y los medios de comunicación. Es decir, si la policía no estaba informada del asunto es por absoluta negligencia. Si al final atendieron a razones, fue porque se les amenazó con una denuncia ya que estaban cometiendo un delito muy grave, un allanamiento y un abuso de autoridad ya que no tenían orden judicial alguna. Les expliqué que yo vivía allí desde hacía años y que podía demostrarlo”.