Un escándalo en la Guardia Civil de Cantabria ha desencadenado una serie de acusaciones de omisión ética y la retirada de representantes de la Unión de Oficiales (UO) del grupo encargado de implementar el Plan de Acción de Ética Profesional. El caso involucra a guardias civiles en el club de alterne en Heras ‘New Borgia’ y ha puesto en tela de juicio la integridad y transparencia del cuerpo de seguridad.

El escándalo comenzó a tomar forma cuando varios guardias civiles fueron relacionados con incidentes en octubre y diciembre del año pasado. En octubre, una discusión entre un guardia civil y el portero del establecimiento resultó en un enfrentamiento acalorado. Meses después, se denunciaron hechos similares en diciembre, donde un grupo de guardias civiles supuestamente exigió que se les devolviera el dinero después de haber utilizado los servicios del club. Estos actos potencialmente delictivos han generado preocupación y cuestionamientos sobre la ética y conducta de los agentes, según informa el medio digital ‘The Objective’.

La Unión de Oficiales ha tomado medidas drásticas en respuesta a lo que consideran una falta de acción por parte de la dirección de la Guardia Civil. Han retirado a sus representantes del grupo encargado de implementar el Plan de Acción de Ética Profesional, que se había establecido como medida de choque contra la corrupción y los problemas éticos en el cuerpo. La retirada de la UO, expresada a través de una nota de prensa, es una señal clara de descontento y desconfianza en la dirección actual, cuyo máximo responsable es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El caso ha adquirido relevancia debido a la supuesta implicación del coronel Antonio Orantes, quien habría designado a un mando de su confianza para liderar la investigación en lugar de asignar a mandos locales. La relación cercana entre Orantes y el mando asignado, J. M. Carazo, ha generado sospechas sobre posibles conflictos de interés en la investigación.

La falta de medidas disciplinarias contra el guardia civil que mostró su placa (a una parte de los que tuvieron el incidente con el portero sí que se les ha abierto expediente) y la aparente falta de transparencia han llevado a la Unión de Oficiales a denunciar al coronel Orantes por presunta omisión del deber de perseguir delitos. Además, la UO ha expresado su decepción en la implementación del Plan de Acción de Ética Profesional, calificándola de «postureo».

Cabe destacar que la propia asociación advierte que la asunción de responsabilidades podrían llegar incluso hasta la Delegación del Gobierno, donde se encuentra una ya muy cuestionada Ainoa Quiñones, involucrada en polémicas por la falta de prevención en dos enfrentamientos entre ultras en Santander, o el ”chivatazo” a Revilla el día del registro de la Consejería de Obras Públicas, este último archivado por la fiscalía.