UGT ha criticado hoy en un comunicado que Cantabria no haya puesto en marcha todavía el registro de trabajadores con exposición al amianto (RETEA), acordado hace cinco meses por la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de marzo.

Como recuerda el sindicato, este censo de personas afectadas por patologías derivadas de la utilización del amianto en el ámbito laboral fue aprobado en España por el Congreso de los Diputados en 2006 y años después fue desarrollado y aplicado por la mayoría de las comunidades autónomas, aunque en Cantabria no se formalizó hasta el mencionado mes de marzo de este año.

«Llegamos con muchos años de retraso para simplemente cumplir con la normativa legal nacional y europea y, pese a que se logró por fin el exigido convenio entre el Gobierno de Cantabria y el INSS para la puesta en marcha del registro, nada se sabe de él todavía porque, simplemente, nada se ha hecho al respecto en estos cinco meses», subraya Pedro Cobo, representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS en Cantabria.

El sindicalista precisa que este registro de personas trabajadoras con exposición al amianto se suma al ya creado para las empresas (RERA) en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, «que en Cantabria sigue igual que como estaba hace años con 17 empresas afectadas, pese a que este mineral especialmente dañino para la salud está presente en sectores de gran volumen de empleo; desde la construcción o la fabricación de cemento, al transporte o la industria del automóvil»

Para Cobo, «es más que criticable que seamos de los últimos de España en poner en funcionamiento algo tan importante para la salud de muchos trabajadores y trabajadoras de Cantabria y que además no implica un gran esfuerzo económico para estas administraciones públicas porque el coste ordinario establecido es de 60.000 euros anuales».

«Sin seguimiento no hay prevención»

El representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS en Cantabria reitera que «este registro que venimos demandando desde hace mucho tiempo en UGT es fundamental para el seguimiento médico y la prevención de los efectos del amianto en la salud porque «si no hay un seguimiento, no hay prevención ni soluciones para las personas afectadas».

«El registro, que ya está operativo desde hace años en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, permite que las administraciones públicas implicadas intercambien información y se actualicen las bases de datos de la población trabajadora expuesta al amianto que ahora no lo están», argumenta Cobo.

El propio convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y el INSS precisa las funciones del registro que incluye la revisión de la tipología de pruebas diagnósticas necesarias e informes de especialistas, además de la recopilación de información para la valoración de los distintos puestos de trabajo susceptibles a la exposición del amianto.

«Cuando estén en funcionamiento las diferentes actuaciones recogidas en el convenio, las personas afectadas y sus familias podrán contar con informes médicos que ayuden a la prevención de enfermedades, el establecimiento del hecho causal y su reconocimiento como contingencia profesional», recalca Cobo.

El sindicalista confía en que «con este registro se reduzcan de una vez por todas todos esos largos procesos judiciales que venimos observando en los últimos años para que se reconociera la enfermedad vinculada al amianto».

Censo pendiente para espacios públicos

El representante de UGT en el INSS añade que, «además de este registro de personas trabajadoras con riesgo de exposición al amianto aprobado pero no aplicado y el ya existente para las empresas, Cantabria tiene pendiente la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos públicos con amianto y de un calendario que planifique su retirada conforme a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados».

«Es urgente que los ayuntamientos realicen este censo, de carácter público, para que sea remitido a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes para que verifiquen el registro y la retirada de esas instalaciones y emplazamientos afectados, atendiendo a su grado de peligrosidad», concluye Cobo.