El sindicato docente STEC ha planteado, ante el inicio del curso escolar, una serie de cuestiones a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, ahora en manos del PP, y que pasan fundamentalmente por la apuesta por la gestión pública directa y la mejora de servicios.

En rueda de prensa, sus dirigentes han explicado que esperan que las referencias al diálogo expresadas por el consejero, Sergio Silva, “no son suficientes” y esperan que “no se quede en buen talante e intenciones, sino que tenga una traducción presupuestaria y se materialice en medidas concretas”.

Lo que reclaman es un “impulso” a la educación pública en Cantabria, aquejada de “cierta parálisis, tras una legislatura muy condicionada por la pandemia y por la ausencia de grandes acuerdos”.

De momento, en el arranque del curso lo que han detectado es la “desastrosa estabilización” –un proceso de regularización de plazas cuya ejecución ha sido cuestionado- que ha supuesto que “compañeros y compañeras han perdido su puesto de trabajo o se han visto desplazados por elegir destino en peor posición. La tasa de interinidad sigue en cifras elevadas (30% según sus cálculos) y la “escasa antelación con que se hacen las adjudicaciones dificulta “enormemente” la planificación a los docentes. La “creciente precarización” ha provocado que 60 plazas vacantes no hayan sido cubiertas para el primer día.

DESCENSO DE RATIOS Y MEJORA DE CONDICIONES

En concreto, el STEC acaba de proponer al nuevo consejero dos grandes bloques de medidas para impulsar la Enseñanza Pública, que “debieran empezar a negociarse ahora” que comienza la legislatura y el curso escolar: un bloque de actuaciones que mejoren la calidad del servicio educativo público, y otro bloque de medidas que revaloricen socialmente al profesorado de Cantabria.

En cuanto al primer bloque, este sindicato considera que la Consejería tiene que aprovechar la oportunidad del descenso demográfico para reducir la ratio máxima en toda la Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

Extender la ratio de un máximo de 20 alumnos y alumnas por aula, que ahora ya está implantada en el segundo ciclo de Educación Infantil (alumnado de entre 3 y 5 años) y en 1º de Primaria, al resto de niveles de esta etapa, solamente supondría un incremento de 7,3 millones de euros en el presupuesto de la Consejería, que en este año ha sido de 623 millones (supondría un aumento del 1,17%).

En todas las encuestas del STEC, la reducción de ratios es la principal medida que el profesorado señala para mejorar la calidad del sistema educativo y hacer frente a las nuevas necesidades de un alumnado que ha quedado muy marcado por la pandemia; precisando de una más y mejor atención en su diversidad, y necesitando de cada vez más profesionales, medios y programas para atender a su salud y bienestar emocional.

En relación al segundo bloque de cuestiones que el STEC exige negociar al consejero Silva, es decir, el relativo a la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado con el objetivo final de revalorizar socialmente su figura, este sindicato plantea una batería de medidas, en las que dos resultan ya «inaplazables»: una negociación retributiva y recuperar la reducción del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años.

“Un sistema educativo público de calidad tiene que atraer y motivar a los mejores profesionales”, recalcan, recordando que los docentes cántabros no conocen una adecuación al respecto desde la última que se acordó en 2008, lo que les ha hecho “perder la buena posición que teníamos entre el conjunto del Estado y (agravado por la inflación) alrededor de 15 puntos de poder adquisitivo”.

El otro asunto que para el sindicato tiene que afrontarse ya es recuperar la sustitución parcial de 3 horas del horario lectivo del profesorado de más de 55 años, por otras labores que cada vez más se requieren en los centros., recordando que el PP en la oposición presentó una propuesta parlamentaria instando al Gobierno autonómico a llevar adelante esta medida.

Sobre todo, el retorno a la gestión pública de todos los servicios educativos y complementarios que se han externalizado (privatizado) y “degradado”.