Keruin Martínez critica que el conflicto del contrato de parques y jardines “conlleva retrasos que llevan años lastrando el servicio”
Keruin Martínez ha lamentado que el “eterno conflicto” en el contrato de Parques y Jardines haya supuesto “una serie de imperdonables retrasos” que “llevan años lastrando el servicio”. El concejal de Izquierda Unida-Podemos se ha referido a problemas que más allá del “millonario agujero económico” que conlleva la última decisión judicial, y que puede ir a más por las reclamaciones de la anterior adjudicataria.
“No podemos olvidar que los primeros damnificados con esta situación han sido los trabajadores del servicio, que en los últimos años han sufrido numerosas demoras en el pago de sus nóminas”, ha recordado Martínez, que tampoco ha dejado pasar que los costes salariales de los empleados no fueron tenidos en cuenta en la oferta del primer pliego, en 2018, y que, tras denuncias, acabó echándose para atrás para ser de nuevo redactado.
“Pero es que no es solo eso, el Comité de Empresa ya ha denunciado que estos años ha habido un aplazamiento imperdonable en el mantenimiento de la maquinaria y los vehículos, cuya flota debió ser renovada hace años”, ha matizado el edil, que también se ha referido a una denuncia llevada a cabo por Unidas por Santander en el año 2020 en la tardanza en comenzar a formar a trabajadores en la correcta poda de los árboles.
Así, la formación considera que la deuda económica que ya reveló el Comité de Empresa, es “una sangría más en las arcas municipales”, por parte de un equipo de Gobierno que “no cuida los servicios públicos” y que “no le ha importado precarizar un servicio que es indispensable en el cuidado y la imagen de Santander”.
Asimismo, el edil ha querido recordar que hace tres años que el pleno municipal acordó elaborar una nueva ordenanza de zonas verdes, “sin que se haya movido un solo papel”, lo que, en su opinión, demuestra “su nulo compromiso con el servicio”. “Este incumplimiento se une al de la creación de un Observatorio de la Contratación, que impulsamos hace cuatro años, y que seguimos insistiendo en que es una herramienta esencial para permitirnos fiscalizar los contratos externalizados y evaluar su cumplimiento por ambas partes”, ha finalizado.