Presos Republicanos en Santander

Varios colectivos memorialistas, sociales y personas a título particular han constituido la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, que surge tras iniciarse los planes para la derogación de la Ley aprobada la legislatura pasada por el anterior Gobierno.

En concreto, la semana pasada el Parlamento aprobó una moción de Vox, apoyada por el PP, en la que se instaba a derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Ahora queda que sea el Gobierno el que la derogue, tras ser muy crítico el PP con este texto durante su propia tramitación.

Los colectivos y personas preocupados por el mantenimiento de la memoria de quienes lucharon contra la dictadura franquista y fueron sus víctimas, lamentan que la derogación de la Ley se apoye “en mentiras históricas, en una narrativa de la equidistancia y defendida con agresividad hacia las organizaciones de víctimas del franquismo”, ya que durante el debate parlamentario se trató de equiparar ambos bandos, obviando las décadas de represión franquista.

La Plataforma recuerda el papel “clave” de la sociedad civil y en especial de las organizaciones de víctimas en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada la pasada legislatura, en lo que se consideró un “primer paso” para “caminar hacia la justicia”.

Se trata de “subsanar la vergonzosa deuda histórica de este país con las víctimas de la sistemática violación de derechos humanos que se extendió durante más de cuatro décadas”.

Por eso, invitan a la ciudadanía a “rechazar la tergiversación de nuestra historia y los mensajes que niegan, minimizan o legitiman un régimen de terror que dejó decenas de miles de víctimas y a movilizarse para construir sobre el reconocimiento de la verdad histórica un futuro digno en el que el pasado no sea un desierto de memoria ni un bosque de silencios vergonzantes”

El apoyo puede canalizarse a través de este enlace.

CONTRA EL NEGACIONISMO, EL SILENCIO Y EL OLVIDO

En el manifiesto, critican el negacionismo de una parte del arco político sobre la “necesaria” memoria histórica, democrática y colectiva ante la represión ejercida por los golpistas y sus cómplices, así como por la dictadura franquista durante décadas.

Además, cargan contra la invisibilización de realidades que se produjeron, como las víctimas de torturas, los encarcelamientos ilegales, los procesos “sumarísimos”, de los bombardeos sobre población civil indefensa, los campos de concentración, el trabajo esclavizado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, las deportaciones, la estigmatización, la expropiación ilegal de bienes, la violencia sexual como herramienta de hostigamiento y terror, el exilio político, etcétera.

Denuncian la negación de la represión sistemática contra las mujeres, el robo de bebés y las estructuras verticales de dominación y confinamiento de las mujeres que han estado operativas hasta hace pocas décadas,

Recriminan la “insistencia” en ocultar que la mayoría de estas violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir de la finalización de la guerra, por lo que desmontan “el intento falaz de equiparar víctimas o de presentar los reclamos de verdad y justicia como actos de venganza”.

En la misma línea, se refieren a la deuda histórica de nuestro actual sistema político con estas víctimas que se traduce en una falta casi total de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, mientras que sí se produjo la legitimación y aceptación de los victimarios y de los beneficios que obtuvieron a través del trabajo esclavizado o del expolio de propiedades y bienes de las víctimas de la represión.

Del mismo modo, llaman la atención sobre el silencio en torno al papel cómplice con el aparato represor de la Iglesia católica oficial, así como de otras estructuras sociales que fueron funcionales al sistema.

También advierten de la reducción de la memoria al periodo de guerra y dictadura, ignorando que no todo acabó el 20 de noviembre de 1975 sino que, en este marco, se registraron violaciones de derechos humanos durante la ‘Transición’ y en la época colonial española –desde la matanza de los abogados de Atocha al caso Almería-, reivindicando que “todo forma parte de la memoria histórica necesaria”.

Para la Plataforma, supone un “déficit democrático” y “afrenta a la dignidad de nuestra sociedad” que supone que no se haya juzgado a los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones de derechos humanos.

Y citan al respecto las permanentes denuncias de la ONU sobre los incumplimientos por parte del Estado español que, como explica Fabián Salvioli, Relator Especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, se traduce en un “intento absurdo de establecer una política de olvido forzado”.

LA PLATAFORMA

A la plataforma se han adherido colectivos, como los memorialistas Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Desmemoriados. Héroes por la República, Republicanos o el colectivo Memoria de Laredo, con el apoyo de organizaciones de otros territorios como la Asociación Cultural Loquesomos, o el Foro por la memoria de Canarias.

Pero también otras organizaciones como La Vorágine, Plataforma de Pensionistas, Interpueblos, Alouda (de apoyo al pueblo saharaui), feministas como la Comisión 8 de Marzo, las Asambleas Feministas Abiertas y Espacio Gaia de Laredo, además de cientos de ciudadanos a titulo particular que se han sumado al manifiesto, que se puede firmar en este enlace.

También asociaciones culturales como Octubre (en Torrelavega), Los Bancos de Atrás (Unquera) o Roberto el Pirata (Castro Urdiales), otros Anticapitalistas, vecinales como San Joaquín (Peñacastillo, en Santander), y partidos como Juventudes Socialistas, Izquierda Unida, Podemos, Cantabristas, o Verdes Equo Cantabria.